Opinion | 10 Feb El largo proceso que vive el país a partir de la reforma electoral que rige desde 1996 es motivo de algunas críticas en tiendas partidarias al entenderse que se está ante tres o cuatro –si hay balotaje—convocatorias a los ciudadanos a las urnas dentro de un período de más de un año, si se tiene en cuenta que los partidos están en campaña desde meses ante de las elecciones internas de junio. Es cierto, en principio puede parecer excesivamente largo este período electoral para el ciudadano común pero también para los partidos políticos, que deben embarcarse en prolongadas campañas proselitistas que no solo conllevan un extenuante trabajo para dirigentes y estructuras de apoyo, sino asimismo desde el punto de vista de la financiación de las respectivas acciones publicitarias.
Pero, como bien señala nuestro columnista, Dr. Rodolfo Canabal, el sistema tiene más virtudes que defectos, aunque siempre es perfectible y se debe estar abierto a correcciones que permitan mejorarlo. De lo que no puede haber ninguna duda es de que el sistema que se ha instaurado es mucho mejor que el que tenía el Uruguay, empezando por disponer el ordenamiento de los partidos, con un candidato único y la consecuente eliminación del doble voto simultáneo. Es además positiva la convocatoria a elecciones internas para que las convenciones elijan a sus candidatos, la incorporación del balotaje que permite que los ciudadanos elijan al presidente por encima de las adhesiones partidarias, y la separación de las elecciones nacionales de las municipales. En este último aspecto se ha dado un paso fundamental en lo que refiere a la libertad del elector, por cuanto hasta la reforma, regía un sistema que “ataba” el voto departamental al nacional, al tener que hacerlo dentro de un mismo partido, porque de lo contrario se anulaba el voto, y este factor era determinante para que la elección nacional tuviera un efecto de “arrastre” de votantes a los candidatos municipales.
Esta separación habilita que sea “otra” elección, lo que reafirma la posibilidad de recoger la real voluntad el elector del Interior respecto a sus autoridades locales, sin el “dedazo” del dirigente nacional y contribuye por lo tanto a que por lo menos opere una descentralización político-partidaria electoral, a falta de mejores instrumentos.