Opinion | 11 Feb La reunión realizada en las últimas horas entre trabajadores, empresarios y sus representantes en el Banco de Previsión Social en la ciudad de Salto a efectos de considerar eventuales salidas a la situación que complica la contratación de trabajo zafral revela el grado de inquietud e importancia de una problemática que obedece a la vigencia de mecanismos que en su instrumentación no contemplan la diversidad de posibilidades que se dan en el área laboral, sobre todo en el Interior.
En este caso los inconvenientes se plantean cuando empresas hortícolas y frutícolas se ven obligadas a tomar personal sin poder formalizarlo, puesto que cuando llega la hora de levantar la cosecha muchos de los trabajadores ponen trabas a la formalización para no perder el Seguro por Desempleo que usufructúan al término de la zafra citrícola.
La representante de los empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social, Elvira Domínguez, señaló a EL TELEGRAFO que fundamentalmente se trata de una preocupación planteada por empresarios salteños y del norte de nuestro departamento que muchas veces se encuentran ante un atolladero a la hora de la contratación. Si bien necesitan personal la condición de tener que contratarlos en negro les plantea la amenaza de ser pasibles de sanciones por los organismos de control, desde que éstos precisamente suelen ser particularmente sensibles en determinadas ocasiones pero a la vez son omisos en reiteración real en cuanto al control del informalismo.
La directora del BPS consideró que habrá que “buscar acuerdos y ser creativos para encontrar una solución a esto, que es un problema cultural” producto de una “práctica instaurada desde hace tiempo”, y en este sentido también corresponde ponerse en la piel del trabajador que tiene un porcentaje de ingresos significativo asegurado a través del Seguro por Desempleo y perdería este beneficio en caso de ser contratado en forma regular en la zafra. Ocurre que el Seguro por Desempleo fue instaurado precisamente para compensar parte de los ingresos que deja de percibir al cesar temporalmente la relación laboral, con un mínimo de jornales trabajados al año, y al llegar a este mínimo tiene la posibilidad de cobrar el beneficio hasta que pueda reasumir tareas. En caso de volver al trabajo y ser asentado en planilla, el trabajador queda registrado en actividad y por lo tanto es pasible de perder el beneficio, lo que explica la reticencia a la regularización en trabajos zafrales, salvo que al mismo tiempo pueda percibir el Seguro por Desempleo y los ingresos extra por tareas remuneradas.
Esta incompatibilidad es el eje del problema, pero no es novedosa, desde que más o menos la misma situación se planteaba con personas que cobraban el Panes y optaban por no trabajar aún en tareas zafrales, porque consideraban que no lo necesitaban o se exponían a perder el beneficio, en caso de que se cumplieran los controles anunciados para el grupo de beneficiarios.
“Lo que hay es un tema cultural, porque los trabajadores se desempeñan en la formalidad en empresas con zafras de seis o siete meses y generan derecho al Seguro de Desempleo, pero mientras usufructúan el mismo también realizan otras zafras a contraestación en plantíos de otras variedades hortícolas o frutícolas y no presentan los documentos cuando el empresario se los pide, o dan mal el número para que no puedan ser inscriptos formalmente como trabajadores”, lo que significaría perder el seguro, reflexionó Elvira Domínguez, al exponer la disyuntiva que se plantea a empresarios y trabajadores.
El mejor escenario, por supuesto, es generar condiciones para que sumando las respectivas zafras los trabajadores puedan tener prácticamente empleo durante todo el año, sin necesidad de tener que asegurarse un mínimo anual de jornales para luego intentar posibilidades de empleo sin figurar en planilla, con las consecuencias citadas, pero salvo algunos casos puntuales que se dan en el medio rural de nuestro departamento complementando los cítricos y los arándanos, esta alternativa no se ha extendido y consecuentemente se presenta este conflicto de intereses que deriva en situaciones irregulares.
Pero mientras este ideal no se de, deben evaluarse alternativas para que las empresas puedan contar con suficiente fuerza laboral y, en situación regular, el trabajador no se vea ante esta disyuntiva de hierro y tampoco se distorsione la esencia del beneficio, por no haberse tenido en cuenta en su momento que hay términos intermedios que se plantean y que siempre debe priorizarse la posibilidad de trabajo legal por sobre la precariedad del “todo vale”.