Opinion | 11 Feb Casi al término de su mandato los legisladores uruguayos aprobaron una ley de protección integral para personas discapacitadas. Llevó todo un período parlamentario --puesto que la iniciativa fue presentada en el 2005-- y muchas idas y venidas, pero salió y la norma seguramente será de gran utilidad para que quienes tienen alguna discapacidad puedan hacer valer sus derechos.
En materia laboral, el texto, que fue impulsado por el senador nacionalista Ruperto Long, obliga al Estado a adoptar medidas para atender y apoyar a personas con algún tipo de discapacidad y, al mismo tiempo, prevé incentivos para aquellas empresas que empleen a personas discapacitadas. Si bien en la órbita pública ya existe la obligatoriedad de llenar el 4% de las vacantes con personas discapacitadas, ahora la ley establece beneficios para las empresas (como la exoneración del aporte patronal) que contraten personas que tengan una discapacidad, aún cuando trabajen en domicilio.
También se prevé la creación de la figura del “asistente personal”, un técnico con título habilitante cuya función será asistir al discapacitado en cosas básicas como su alimentación, higiene y traslado. Será el BPS el encargado de desarrollar un Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas. La contratación del asistente será de cargo del discapacitado pero el Estado solventará parte de sus honorarios.
Más allá de todo esto, que son importantes avances, hay un aspecto esencial de la nueva norma aprobada y es el que refiere a la accesibilidad.
El 8% de los habitantes del país, unas 210.000 personas, son discapacitados. Y muchos de ellos se ven impedidos de salir de su casa e ir a estudiar, hacer un trámite, asistirse en determinados lugares de atención de la salud, escuchar una conferencia o ir a un espectáculo o un curso porque los edificios públicos ofrecen obstáculos de accesibilidad.
De acuerdo a esta ley, todos los edificios públicos tienen un plazo de 8 años para eliminar las barreras arquitectónicas y convertirse en accesibles para los discapacitados.
En forma complementaria a lo establecido en la ley, sería importante también que los propios gobiernos municipales tomaran la iniciativa de volver más accesible sus ciudades. Para ello bastaría con exigir que todo edificio público o privado de uso público (como restaurantes, por ejemplo) que se proyecte, cuente con características arquitectónicas que aseguren la accesibilidad.