Opinion | 16 Feb Tras la instalación del nuevo Parlamento y las celebraciones con participación popular, se ingresa a partir del 1º de marzo en un nuevo período de gobierno en el que, como es norma en una democracia, existen roles a cumplir por el Poder Ejecutivo y por el Parlamento, en la complementariedad de la acción gubernamental.
Y si bien en cada período legislativo, como se establece en nuestro régimen institucional, se renueva la totalidad de ambas cámaras en base a la adhesión popular de los respectivos partidos, desde hace varios años, cualquiera sea la representación que le toque a cada colectividad cívica en el ámbito parlamentario, se ha observado un sistemático deterioro de la calidad del trabajo parlamentario, por lo que estamos ante un problema que es transversal a todos los partidos.
Este no es un tema menor, porque por encima de las políticas y las intenciones, tras los debates y la definición de los objetivos, existe una seria deficiencia en cuanto a plasmar estos elementos en el texto legal, en gran medida porque existen notorias falencias técnicas en su instrumentación, y ello da la pauta de problemas de formación en los legisladores, que están operando más como políticos –que naturalmente lo son— que como legisladores y que por lo tanto deben tener por lo menos un conocimiento aproximado a como deben recogerse las ideas en un texto en el que se debe ser preciso y ajustado al marco constitucional.
Ello ha sido un serio problema en el gobierno que cesa el 28 de febrero, precisamente, en el que se han conjugado estas deficiencias con un notorio apuro por aprobar leyes que no son debidamente analizadas ni consensuadas entre todos los partidos, respondiendo a compromisos asumidos en su momento sin tener en cuenta en toda su magnitud las consecuencias colaterales de las leyes, que muchas veces son peores que los problemas que se pretende solucionar o los sectores a favorecer, sin asumir que se generan perjuicios a otros que tienen los mismos derechos.
Al analizar este tema en un enfoque desde su columna en El País, el ex ministro Ignacio de Posadas sostiene que “el deterioro en la calidad legislativa viene desde hace tiempo, pero se vio sustancialmente agravado en este último período.
Antes se podía marcar una ‘línea divisoria’ entre los proyectos enviados por el Ejecutivo y los producidos por los legisladores, en cuanto a su calidad técnica, independientemente de que compartiera su filosofía. En general, los provenientes del Ejecutivo presentaban un grado de elaboración y de técnica jurídica superiores”.
Sostiene de Posadas que “esa línea divisoria desapareció en este período, apareciendo proyectos desastrosos enviados por el Poder Ejecutivo, desastrosos en su contenido y en su técnica (incluyendo el lenguaje utilizado)”, a lo que se agrega “la práctica de votar de media vuelta todo lo que viene del Ejecutivo” para luego trabajar en la modificación de los textos y seguir la instancia parlamentaria.
Resume que “los resultados están a la vista, ya que no solo en una pléyade de pésimas normas, sino en el colmo del ridículo de leyes que, luego de aprobarlas, los legisladores caen en la cuenta de que no se pueden aplicar y tienen que pasar por el papelón de prorrogar su entrada en vigencia (entre otras, la creación de alcaldías, la reforma de la enseñanza y la ley de protección de datos)”.
Tiene razón el legislador --más allá de su visión particular como integrante de un partido político-- por cuanto se refiere a hechos incontrastables y que ponen de relieve mucho voluntarismo e improvisación pero escaso estudio y evaluación de los pro y los contra de determinadas normativas que, seguramente, se elaboraron con las mejores intenciones pero sin tener presente que no se puede cambiar la realidad a fuerza de leyes y redistribuir riqueza de la nada, sin crearla.
En este último aspecto estamos ante percepciones políticas que se dan de bruces contra esta realidad, pero en cuanto a la deficiencia técnica corresponde que de una vez por todas el Parlamento incorpore un cuerpo de profesionales, como incluso ha planteado el Colegio de Abogados del Uruguay, para estar en condiciones de desarrollar una tarea más eficiente, al plasmar en textos claros, precisos y ajustados a la normativa vigente los proyectos de ley que hasta ahora han surgido erráticamente como una pretendida solución mágica, con las consecuencias apuntadas.