Opinion | 12 Feb Finalizó la investigación administrativa en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) corroborando que los jerarcas del área demoraron el expediente que contenía la solicitud de Pluna para cubrir la ruta Montevideo-Ezeiza. Según informó ayer “Últimas Noticias” al constatarse la falla administrativa se implementaron sanciones disciplinarias a los jerarcas responsables de la anormalidad.
La semana pasada, el presidente de Leadgate y gerente general de Pluna, Matías Campiani, se reu nió con los responsables de la Dinacia y cuestionó la preferencia del organismo por BQB, dirigida por Juan Carlos López Mena, quien sí obtuvo la autorización aunque aún no dispone de la certificación para volar.
El titular de la Dinacia, Daniel Olmedo, explicitó que hubo una falla administrativa por la cual se demoró el expediente 15 días antes de llegar a la Junta Aeronáutica y aunque asumió que “lo dejaron (al expediente) dormir un tiempo que no correspondía”, especificó que “en todo momento se actuó de buena fe”.
La demora se atribuyó al hecho de que cuando el proceso apenas había comenzado “hubo una información oficiosa que decía que Pluna no tenía urgencia por obtener la autorización de la ruta porque volaría en el mes de marzo”.
El caso es que si el trámite estaba en condiciones de avanzar parece poco razonable que “información oficiosa” sea el fundamento para detener o avanzar un procedimiento administrativo.
Habitualmente los ciudadanos solemos en buena medida “padecer” procesos administrativos largos cuando debemos interactuar con el Estado y el fundamento que se nos transmite siempre es la búsqueda de la transparencia y las garantías. Sin embargo si luego los procedimientos establecidos no tienen los controles pertinentes y los trámites quedan librados a acciones oficiosas de unos pocos funcionarios como un favor especial, el sistema se vuelve inoperante.
La ausencia de mala fe en la omisión no exime de responsabilidad a quien de todas formas tenía que cumplir con la tarea. Es en ese sentido que la sanción disciplinaria pública aplicada parece resultar aleccionante.