Nacionales | 12 Feb La condena a 30 años de prisión del octogenario ex dictador Juan María Bordaberry regocijó ayer a defensores de derechos humanos, que consideraron que el caso sienta un antecedente en los juicios por golpes de Estado en América Latina.
“Para nosotros el tema es muy emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar”, dijo la abogada denunciante Hebe Martínez Burlé. Bordaberry, de 81 años, que cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud, tiene pendiente otro proceso como coautor de homicidio por la ejecución de cuatro uruguayos en Argentina en 1976.
La jueza Mariana Motta lo condenó en primera instancia a 30 años de prisión con la opción de prorrogar la pena a otros 15 años (esto si lo decide la Corta Suprema). La condena --que será apelada por la defensa de Bordaberry-- es por “un delito de atentado contra la Constitución, (...) con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político”, según el fallo.
Esto “nos devuelve a los uruguayos lo más sagrado, que es la Constitución”, dijo Martínez Burlé. “Las condenas han sido siempre por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero nunca por dar un golpe de Estado”, agregó.
Javier Miranda --hijo de Fernando Miranda, desaparecido en 1975 y cuyos restos fueron hallados en 2005-- dijo que la sentencia “sin duda es ejemplificante y ejemplar, y es interesante desde el punto de vista simbólico para la construcción del ‘nunca más’”. “La condena tiene una función pedagógica: la sociedad no está dispuesta a tolerar golpes de Estado”, afirmó el abogado integrante de la organización Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
“Levantarse hoy con el festejo de los 20 años de la liberación de (Nelson) Mandela y la noticia de esta condena hace que uno diga: ‘Ves que podemos seguir luchando contra el despotismo’”, agregó Miranda. El fallo también demuestra que “los caminos están abiertos pese a que sigue vigente la Ley de Caducidad”, valoró.