Opinion | 20 Feb Por un tema impensado se registró el primer roce entre el movimiento sindical y el futuro presidente, pese a la afinidad ideológica y el respaldo explícito de la central Pit Cnt a su candidatura, desde que el mandatario ha tenido la poco feliz idea de financiar el acto de asunción pidiendo contribuciones a diez empresas de nuestro medio, a través de una colecta que apunta a recaudar 150.000 dólares.
“No estamos de acuerdo por los métodos, por las formas, porque no es así. Los actos constitucionales, la fiesta de la democracia, los financia el Estado. Está así previsto y tiene que ser así. Lo que se está haciendo es privatizar un acto constitucional del Estado. Que un acto público esté siendo financiado por las empresas privadas no corresponde, genera una suerte de contradicción y hasta genera actos de presunción que no son buenos para un gobierno que recién se instala”, reflexionó el dirigente comunista Juan Castillo a propósito del episodio de marras.
En esta oportunidad el dirigente sindical tiene razón al marcar discrepancias ante esta iniciativa presidencial, que seguramente comparten todos los sectores de la sociedad y estamos evidentemente ante un error del futuro mandatario, más allá de las intenciones que manifieste y de las que no cabe por qué dudar.
Según José Mujica, su intención es “aliviar” al Estado del pago de la ceremonia de asunción del 1º de marzo, y considera pertinente trasladar este costo al sector privado, al punto de señalar ante las críticas de la dirigencia sindical que “yo no me vendo por 15.000 dólares atorrantes”, aludiendo a los aportes que debería realizar cada una de las empresas para financiar la fiesta.
Si la idea de Mujica era transmitir señales positivas y de austeridad a la población, le ha errado de medio a medio con el ejemplo, porque como bien señala Castillo, y como ha sido además tradición en el país, estamos ante una fiesta de la democracia, que no corresponde tercerizar, y que como todos los actos del Estado debe correr por cuenta de Rentas Generales, por cuanto no se trata de una expresión sectorial o particular sino de la celebración de la asunción del cargo por un presidente surgido de la voluntad ciudadana.
Y aunque hace pocas horas funcionarios del gobierno entrante salieron presurosos a aclarar que con esto lo que se busca es financiar sólo “la fiesta” y no el acto protocolar –para el cual ya están destinados los recursos necesarios--, el futuro presidente ya había salido al cruce de las expresiones de Castillo asegurando que él no se va a “vender” por 15.000 dólares. Pero dado que el mandatario debe ser el primer interesado en guardar las formas, no es pertinente “pasar el sombrero” para hacer un acto o una “fiesta popular”.
Como bien sostiene el dicho, la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer, y con legitimidad cada ciudadano puede preguntarse –muchos lo harán seguramente— el por qué se ha elegido a esas empresas específicamente, si ellas deben “favores” al Frente Amplio o si habrá alguna contemplación especial en su momento. Y aunque ese no sea el caso, el primer deber de un gobierno es ser transparente y no dar señales confusas a la ciudadanía, porque los malos ejemplos se vuelven un arma de doble filo sobre todo ante circunstancias de otras características.
En esta misma línea, tampoco es de recibo que el presidente salga a anunciar que venderá una residencia presidencial. Estos detalles pueden resultar efectivos para determinados sectores de la población, se hagan realidad o no, como así también la disposición interna del MPP de topear los salarios de sus legisladores y ministros para financiar el funcionamiento de su sector político y utilizar los vehículos particulares de los dirigentes. Pero la austeridad que debe tener todo gobierno debe pasar por otros carriles, fundamentalmente por reducir el gran gasto público, sin reducir el patrimonio del Estado que es en definitiva de todos los uruguayos, y no propiedad del presidente de turno. Entonces si lo que se pretende es bajar los costos del Estado, se debería apuntar más a desarrollar una gestión criteriosa en cuanto al manejo de los dineros públicos, apuntando a dar sustentabilidad a programas de desarrollo sin ceder a la tentación de planes voluntaristas que solo traen una tan efímera como falsa “solución”, dejando intactos los problemas de fondo.