Opinion | 21 Feb El Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, la Corriente Gremial Universitaria, entre otras gremiales, así como entidades y autoridades departamentales salteñas, se han manifestado particularmente críticas respecto a la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que deja sin efecto la decisión de la Facultad de Medicina de iniciar este año el dictado del primer año del curso en Salto, para lo que se contaba ya con recursos y se habían iniciado las respectivas inscripciones de estudiantes.
No es para menos, desde que las razones que se han invocado para revocar la decisión de las autoridades de esa facultad revelan cuestiones de forma, aunque igualmente todo indica que por encima de las formas hay también aspectos de fondo que refieren a la cuota de poder que significa descentralizar desde la hegemonía absoluta que desde siempre ha ejercido Montevideo en esta materia.
Es notorio, además, que la regionalización de la enseñanza terciaria hasta ahora se ha logrado por cuentagotas y se mantiene incambiada la discriminación manifiesta hacia los estudiantes del Interior, que de acuerdo a la distribución poblacional en el país deberían constituir no menos del 60 por ciento del total de la matrícula pero en los hechos apenas llega a superar el 30 por ciento.
Claro que el acceso a la enseñanza universitaria no se trunca solo cuando se da el paso desde Secundaria a la educación terciaria, sino que se va dando además una paulatina deserción a medida que se avanza en Secundaria, por una multiplicidad de factores socioeconómicos, pero en la Universidad se le da el golpe de gracia a esta distorsión cuando al estudiante se le plantean dificultades económicas, desarraigo inherente al traslado y alojamiento a la capital y una alta cuota de incertidumbre respecto a su esfuerzo. En tanto, en Montevideo, como bien expresaba el diputado nacionalista Javier García, “tenemos la Universidad a unas pocas cuadras” y hasta el estudiante capitalino se puede dar el lujo de dejar los estudios algunos años y reemprenderlos luego, hasta recibirse por cansancio.
En Medicina, precisamente, un reciente informe del Ministerio de Salud Pública revela claramente que este esquema irracional para los intereses del país ha llevado a que la gran mayoría de los servicios y trabajo de los profesionales se concentre en Montevideo y la zona metropolitana, y que además los pocos profesionales oriundos del Interior que culminan su carrera permanezcan en Montevideo porque tienen un amplio campo laboral y oportunidades que no se les da en sus lugares de origen. Es revelador que por ejemplo en el caso de los estudiantes de Artigas, más de la mitad opte por quedarse en la capital tras obtener su título.
La gran mentira de la Universidad “gratuita” queda de manifiesto, además, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los egresados proviene de hogares pudientes de la capital, por lo que nuevamente todo el país está financiando una “gratuidad” de la que se benefician solo sectores de la sociedad capitalina y que son precisamente los que pueden afrontar el pago de sus estudios universitarios. Acerca de esta realidad se han manifestado críticamente dirigentes de todos los partidos y la han reconocido presidentes de la República, pero hasta ahora se ha tropezado con el obstáculo insuperable de los órdenes y autoridades universitarias que si bien reconocen la necesidad de descentralizar, se han manifestado renuentes en los hechos a concretar estos enunciados, y el reciente caso de la Facultad de Medicina en Salto reafirma este concepto.
El futuro presidente José Mujica ha manifestado su fuerte compromiso en procura de cambiar este escenario adverso para el Interior y el país, y ha señalado en más de una oportunidad su intención de promover la descentralización de la Universidad por resultar vital para el desarrollo integral del Uruguay y afrontar el desafío de los nuevos tiempos. Señaló que es un proyecto educativo de 25 a 30 años para mitigar los efectos negativos de la centralización e incluso la presidenta del Senado, Lucía Topolansky, manifestó que luego del 1º de marzo se planteará una reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de la República para permitir la descentralización con polos educativos en distintas localidades en función de la demanda local de profesionales, como podría ser una universidad especializada en ciencias agrarias y biológicas y medicina en el norte, con total autonomía y presupuestos particulares.
Es solo una entre varias posibilidades, pero en el marco de una pauta descentralizadora que debe desarrollarse sistemáticamente, sin pausas, con una visión integral de país y con el apoyo de todo el sistema político, para que no haya lugar a equívocos respecto al rumbo que debe tener la enseñanza terciaria en el Uruguay.