Opinion | 27 Feb La Comisión Multipartidaria de Energía, en la que trabajaron representantes de todos los partidos políticos, logró ponerse de acuerdo en torno a puntos básicos a presentar al gobierno que asumirá el 1º de marzo, lo que implica que existe una base de acuerdo para llevar adelante acciones en esta área que pueden superar un período de gobierno y perfilarse como una política de Estado.
Y esta actitud, que es cosa de todos los días en los países desarrollados, es sin embargo una mosca blanca en el Uruguay, donde cada gobierno no se conforma con dar su impronta a determinados temas, sino que hasta ahora se ha trabajado en muchas oportunidades con carácter fundacional, es decir ignorando y desdeñando todo lo que se había hecho por los gobiernos anteriores y poco menos que trayendo la solución mágica de cada uno.
Por supuesto, estas actitudes soberbias solo han traído más y más problemas, por cuanto ponen de relieve un rumbo errático y gran improvisación, lo que significa malgastar recursos y superponer esfuerzos, con gran pérdida de tiempo y dinero, para estar siempre corriendo detrás de los problemas.
No es porque sí que en esta materia sigamos penando cada vez que se desata una sequía, o se disparan los precios del petróleo, por cuanto se ha improvisado en la política de promover generación de respaldo, y se ha optado por instalar centrales térmicas impulsadas por derivados del petróleo, lo que significa un alto costo, en tanto la importación de electricidad desde los países vecinos es incluso más cara.
Por lo demás, en materia de combustibles, a la fuerte carga fiscal sobre los carburantes derivados del petróleo se agrega el escaso uso de medios de transporte que tienen mucho mayor rendimiento tonelada-kilómetro, como es el caso del transporte fluvial y el ferrocarril, priorizando las carreteras, que demandan un alto costo de mantenimiento y un mayor consumo de combustible por tonelada transportada.
Como si ello fuera poco, tampoco se ha impulsado debidamente la incorporación de energías alternativas y las licitaciones convocadas por UTE a esos efectos han sido muy avaras en cuanto a la potencia y encima su instrumentación ha insumido años para potencias muy menores.
Estos elementos han sido recogidos en este trabajo de los representantes de todos los partidos, y en la evaluación que se ha plasmado en un documento se incorpora un buen punto de partida para la tarea del próximo y los siguientes gobiernos, aunque no sea vinculante, y significa que se incorporaría un escenario de por lo menos cierto margen de seguridades mínimas y estabilidad para concretar inversiones en el área de la energía, que mucho se necesitan, por cierto.
Entre otros aspectos, es plenamente compartible que la comisión entienda que es necesario establecer a la brevedad el cronograma de incorporación de potencia para el corto, el mediano y el largo plazo, comenzando por instalar no menos de doscientos megavatios de potencia firme, en tanto complementariamente “se acuerda incorporar en el próximo quinquenio no menos de 300 megavatios de energía eólica y 200 de biomasa, mediante mecanismos atractivos, eficaces y transparentes”, sin descuidar acciones para la introducción del gas natural en el país y culminar los estudios en curso en relación con la eventual incorporación de otras fuentes de generación, como carbón nuclear, cultivos energéticos, etcétera”
Claro que para alcanzar estos objetivos, partiendo de la base del consenso político, debe a la vez contarse con un timón firme en el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que debe disponer de las políticas teniendo en cuenta la visión estratégica del país en el área, es decir priorizando el interés general por encima de las “chacras” particulares que existen en organismos como UTE y Ancap, que tienen una visión parcial de la cosa.
La extensión de la electrificación rural a determinadas zonas del territorio nacional es todavía una materia pendiente, y el casi cinco por ciento sin cubrir conlleva fuertes inversiones en líneas de transmisión y otros elementos que conllevan en realidad costos con retornos problemáticos incluso en el largo plazo, por lo que es de recibo que se promuevan alternativas que la vez impliquen el mejor uso posible de energías renovables. Este es el caso del uso de sistemas híbridos, por ejemplo a través del calentamiento solar, energías eólica y de biomasa en los lugares en los que se dispone de abundante materia prima, e incluso utilizando biogas a partir de desechos agrícolas y ganaderos, para lo que es indispensable la intervención del Estado mediante exoneraciones impositivas y otros estímulos que permitan una escala de producción que abarate costos, en beneficio de la mano de obra nacional, los consumidores y la economía del país.