Opinion | 27 Feb La Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel) multó esta semana a la concesionaria privada Light por más de cinco millones de dólares debido a problemas en el servicio, fundamentalmente por cortes de electricidad en noviembre, diciembre y enero pasados en Rio de Janeiro.
La agencia cuenta con fiscales que constataron “fallas de mantenimiento y operación”, además de equipos al límite de su uso, incluso sobrepasando su vida útil y deficiencias en la gestión de cables subterráneos, lo que indica que el organismo está cumpliendo con celo sus funciones en cuanto al control de la calidad del servicio que presta la empresa privada.
Esta disposición a controlar siempre es bienvenida, porque significa que el consumidor tiene quien lo defienda ante abusos de quienes prestan servicios desde una posición de poder, más allá de que la empresa siempre tiene la posibilidad de apelar este tipo de sanciones.
Pero no podemos menos que comparar este escenario con lo que ocurre en Uruguay, donde los servicios están en manos de empresas del Estado y monopólicas, sometidas a “controles” muy blandos, por decir lo menos, por organismos como la Ursea, y que realmente demasiado a menudo, como es el caso de UTE, deja amplios sectores a oscuras y muchas veces como consecuencia de obsolescencia en redes y equipos.
Peor aún es el caso de OSE, donde las pérdidas son cosa de nunca acabar, desde que no hay cuadra en la que no haya una, y lo que es peor aún, se “reparan” y reaparecen a los pocos días, y en este ente sí que estamos ante redes que han superado holgadamente su vida útil.
Antel-Ancel tampoco sale muy bien parada, aunque al igual que UTE se ha modernizado en los últimos años, porque los controles brillan por su ausencia, y por ejemplo, en el caso del ADSL, el ancho de banda durante la mayor parte del día es muy inferior al que se ha contratado por el cliente, sin que se haga nada al respecto.
Pero claro, cuando no hay controles externos, ni quien haga cumplir los contratos, ni pueda recurrirse en estos casos con algunas posibilidades de éxito al Área de Defensa del Consumidor, y además se cobran facturas sin que nadie de afuera controle, no cuesta mucho inferir que contrariamente a lo que ocurre en otros países, por acá las empresas públicas hacen y deshacen a su antojo, abusando de su posición de monopolio.