Opinion | 28 Feb La reciente inauguración en Paso del Parque del Daymán de la mayor obra de electrificación rural de los últimos diez años es sin dudas un paso adelante para una amplia zona del noreste del departamento y representa además en su proceso de concreción cuáles son las dificultades que implica el extender este servicio a zonas de escasa densidad de población, donde se instalan kilómetros y kilómetros de líneas para el suministro a localidades y establecimientos rurales a un alto costo.
En el caso que nos ocupa, la extensión del servicio insumió una inversión de un millón 200.000 dólares, de los cuales los productores beneficiarios han aportado 500.000, y han debido ahorrar durante cuatro años, lo que significa no poco esfuerzo. Pone de relieve además la inquebrantable voluntad de mejorar la calidad de vida, de incorporar tecnología y mejorar el perfil de los establecimientos, a través de la conjunción de acciones entre actores públicos y privados.
Y con un Estado altamente burocrático, donde las cosas más simples tardan meses y años en dilucidarse, es a todas luces positivo que se haya podido avanzar hasta hacer realidad un proyecto que contempla beneficiar una franja de 80 por 90 kilómetros con eje en la Ruta 26, y en el trazado además llevar la electricidad a dos escuelas, un complejo de viviendas de Mevir y una estación policial, lo que permite que un área productiva del departamento pueda ingresar al Siglo XXI.
Claro, hay de todo en la viña del Señor, sostiene el dicho, y es preciso superar dificultades inherentes a la diversidad de intereses y situaciones, por cuanto no siempre hay posibilidades y disposición de los productores y pobladores para acceder a un servicio con altos cosos de instalación, al evaluar la relación costo-beneficio que caracteriza a cada emprendimiento.
Lo precisó muy bien Carlos Artía, integrante de la Comisión de Vecinos que promovió la iniciativa, cuando destacó a EL TELEGRAFO, en el acto de inauguración, que “fue importante que UTE mantuviera los precios, luego de los ajustes de las primeras conversaciones. No fue fácil convencer a todos los productores que podrían ser beneficiados con este servicio”, si se tiene en cuenta que se trata de una extensión de 207 kilómetros, y que los altos costos obligaron a los interesados a crear una cuenta en el Banco de la República y asumir el costo en base a la superficie de la explotación.
Para un habitante de la ciudad, que accede al servicio mediante una simple conexión a la línea que pasa por el frente de su vivienda, cuesta asumir en toda su dimensión lo que significa este servicio, especialmente en zonas alejadas de los centros poblados, y sobre todo el cambio de calidad de vida que conlleva acceder a la electricidad.
En Uruguay, felizmente, con el paso de los años, se ha ido logrando la electrificación de prácticamente todo el país, al punto que solo poco más del 2 por ciento de la población no cuenta con el servicio, pero indudablemente se trata de los lugares más alejados y con menos densidad demográfica, es decir donde los costos se incrementan sustancialmente para la empresa eléctrica.
Igualmente, nuestro país presenta grandes ventajas comparativas para que estos porcentajes de electrificación sean de los mejores a nivel internacional, si tenemos en cuenta que en su territorio no presenta accidentes geográficos realmente importantes, como montañas, grandes extensiones de pantanos, grandes ríos, desiertos o zonas selváticas, y acaso el mayor problema que se ha encontrado en esta obra ha sido la necesidad de dinamitar en ciertas zonas de basalto a efectos de la instalación de los postes de la red.
Igualmente hay identificadas zonas de los departamentos de Artigas, Salto y Cerro Largo, incluyendo algunos poblados enteros, donde no llega la electricidad, y es en estos casos donde se presentan las mayores dificultades, porque queda muy condicionada la coparticipación de los beneficiarios en los costos ante la imposibilidad económica de muchos de ellos de hacer frente a la erogación.
Ello conlleva trasladar todos los costos iniciales a la empresa estatal, y como consecuencia directa a los usuarios que la sostienen con el pago de sus tarifas, desde que no hay almuerzos gratis, y lo que se da a unos tiene que sacarse a otros. Consecuentemente, estamos ante una ecuación de muy compleja dilucidación si no se está dispuesto a compartir costos en beneficio de los uruguayos “de tercera”, que son los del interior del Interior. Acaso la posibilidad más acorde al desafío sea explorar la posibilidad de financiamiento internacional, a largo plazo, que permita amortizar los costos con un mejor perfil, por encima de las coyunturas, y dar así la oportunidad de que los miles de uruguayos que aún están prácticamente aislados del mundo moderno, puedan acceder a este servicio que es a esta altura imprescindible para no quedar atrapado en otra era.