Coordinadora de inundados

Locales | 27 Feb En sus expresiones ante el plenario de ediles, Diego Rosano, hablando por la Coordinadora de Inundados de Paysandú (CIP) dijo que “solo aquel que ha padecido las inclemencias del fenómeno natural puede saber y entender qué se siente antes, durante y después de la inundación. Los demás ciudadanos aunque sea con la mejor intención, solo pueden imaginarlo”.
Añadió que “los hogares, en muchos casos ranchos precarios, desaparecieron tras el paso de la creciente del río Uruguay y viviendas de material fueron dañadas en su estructura”.
“Sin contar el tema de la contaminación a causa de animales muertos, pozos negros, etcétera, quedando totalmente inhabitables después del descenso del río. Muchas familias perdieron todo lo que tenían y los trámites burocráticos para acceder a algo de las donaciones, se convirtieron en una barrera casi imposible (de superar). Es así, que al día de la fecha, todavía hay gente que no ha sido asistida”.
“A pesar de anunciarse por parte del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed), que la emergencia ya ha sido superada y no se hará entrega de más donaciones de ningún tipo, queda un stock (nadie sabe la cantidad) para la próxima inundación. Nosotros rechazamos esa medida ya que la próxima inundación puede ser en días, meses o, como ocurrió con la última, después de un lapso de ocho años”.
“Queremos ser claros en que nunca pedimos que el dinero para el subsidio o ayuda social salga de las arcas de la Intendencia”.
A propósito del argumento de los recursos a recibir por la Intendencia de Paysandú hizo distintas consideraciones, citando el caso de las ‘regalías’ que existen en la Argentina a partir de los fondos especiales de Salto Grande y también se preguntó Rosano “¿o será que solo tienen derecho a un subsidio o ayuda económica los poderosos?”
Retorno sin dignidad
Más adelante el representante de la CID evaluó “la operación retorno a la que se le denominó ‘retorno con dignidad’: hubo retorno pero no dignidad. Los errores en las entregas de las canastas se convirtieron en horrores. En ese marco se pudieron ver casas a las que se les entregó cemento portland, arena, chapas, costaneras, tosca y otros materiales (todos evacuados por la Intendencia). Así como otras que habiendo estado totalmente anegadas al día de la fecha no han recibido ninguna ayuda. Esto debido a que el Cecoed clasificó a los damnificados en por lo menos tres grupos: 1) evacuados por la Intendencia, 2) autoevacuados y 3) evacuados de las carpas”.
Dijo también que se usó “el triste argumento de que la prioridad era para los evacuados por la Intendencia, no solo durante sino también después de la inundación. Impusieron una fecha límite arbitraria (8 de diciembre) para realizar la denuncia de evacuación y el que no contara con dicha denuncia, no tenía derecho a ser asistido aunque su vivienda haya estado totalmente anegada (una vergüenza). A los llamados evacuados de las carpas que iban desplazándose a medida que el río los obligaba, les secuestraron caballos, cerdos, ovejas, etcétera, cobrándoles fuertes sumas de dinero para devolverlos (otra vergüenza)”.
“Además hubo otros tipos de daminificados de los cuales el Cecoed ni siquiera se preocupó y la Intendencia menos. Fueron estas muchas familias del barrio ‘El Puerto’ que al habitar casas de dos o más plantas quedaron completamente aisladas, sin que se presentara durante toda la inundación ninguna autoridad a preguntar si necesitaban algo, teniendo que pagar una lancha (el que podía) para conectarse con el resto de la ciudad”.
Rosano recordó que “en Tatuses Sur el agua salía de las cloacas y cuando el río bajó las calles y los pasillos del barrio tuvieron que ser limpiados por los propios vecinos (con el potencial riesgo sanitario que eso implicó), ya que después de varios pedidos las autoridades brillaron por su ausencia. Podríamos llenar muchísimas páginas denunciando las ‘desprolijidades’ cometidas por el Cecoed, pero referimos todo en una moraleja: ‘no hagas con los demás, lo que el Cecoed hizo contigo’”.
SoluciÓn de fondo
En cuanto a una solución de fondo que para los inundados pasa por el realojamiento en tierras altas y amparándose en la Constitución “teniendo en cuenta la gravedad de la situación solicitamos un plan de viviendas, ¡ya! A esto la Intendencia nos responde que ninguna vivienda se hace inmediatamente, que todo es un proceso y lleva tiempo. Un habitante de Tatuses Sur le contestó a un alto funcionario en una reunión: ‘yo llevo cuarenta y dos años esperando, nosotros no somos idiotas. Sabemos que la solución al problema habitacional requiere planificación, inversión, llamados a licitación, etcétera. Pero por lo visto lo que más se requiere es voluntad política para encarar el problema”.
En cuanto a la no disposición de tierras los inundados se preguntaron por qué no se hicieron las previsiones determinadas por la Ley Nacional de Viviendas del año 1976 que “dice que de todas las ventas de tierras el 10 por ciento pasara a un fondo especial para adquirir terrenos destinados a viviendas populares. Lo que se mejoró por ley de 2008 que llevó ese porcentaje a entre el 10 y 20 por ciento. ¿Entonces por qué se nos dice que no hay tierras? Piensen en cuánto dinero se ahorraría la Intendencia, las empresas, los trabajadores, etcétera si no existieran más inundados”.