Opinion | 05 Mar Una vez más, aunque esta vez en un nuevo período legislativo, la bancada del Frente Amplio impidió el miércoles la aprobación en el Senado de una declaración para instar a Cuba a “promover el pluralismo”, tras la muerte hace pocos días del preso político Orlando Zapata por una huelga de hambre. La declaración, promovida por blancos y colorados y cuyo texto fue derivado a la Comisión de Asuntos Internacionales, reclamaba al gobierno cubano “promover el pluralismo político y garantizar las libertades”, en el marco de un debate sobre la muerte de Zapata el 23 de febrero tras una huelga de hambre de 85 días, en reclamo de mejores condiciones de reclusión.
Asimismo, instaba a respetar “aquellos derechos que se refieren al trato inhumano en prisión, a la necesidad de un juicio justo y al derecho a la libertad de expresión y opinión”, es decir un reclamo dirigido a que se instaure el estado de derecho en un régimen policíaco en el que precisamente se da la paradoja de que de vez en cuando sus voceros se lanzan al ruedo internacional cuestionando las violaciones a derechos humanos en terceros países.
Lamentablemente, una vez más en la consideración por el Parlamento de este planteo se desestimaron aspectos fundamentales que hacen a la libertad y las garantías individuales, por meras consideraciones ideológicas, reafirmando la peculiar tesis de que hay dictaduras “buenas” y dictaduras “malas”, sin asumir que son dictaduras a secas, y que solo pueden existir avasallando los derechos humanos de sus habitantes y amordazando a quien alce la más mínima voz de disconformidad con el régimen.
En esta oportunidad, el senador oficialista Alberto Couriel explicó que la coalición no acompañó la iniciativa debido a que refería al régimen cubano y no a la muerte de Zapata. “Todos tenemos congoja por la muerte de Zapata y estamos dispuestos a hacer cualquier declaración para manifestarlo, pero no sobre el régimen cubano; hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención”, afirmó Couriel. En este principio coincidimos completamente, solo que no se puede hablar de “autodeterminación” cuando se trata de un gobierno autoritario que reprime con cárcel a sus opositores y cercena la libertad de expresión.
Por otra parte, para el actual partido de gobierno uruguayo este principio de no intervención al que hace referencia el parlamentario tiene una sola dirección, desde que en no pocas ocasiones se han aprobado declaraciones parlamentarias refiriéndose a situaciones internas de otros países promoviendo que se respeten las libertades y la libre vigencia del estado de derecho, que es precisamente un principio que responde a las más caras tradiciones del país en sus relaciones internacionales y a su postura en los foros mundiales y regionales. Estas incongruencias surgen cada vez que priman las simpatías ideológicas por sobre los principios, y es algo a lo que nos tiene acostumbrados la izquierda uruguaya, tan proclive a denostar a cualquier gobierno democrático –que sí responde al sentir de su pueblo libre-- de derecha que cometa la más mínima falta a los derechos humanos, mientras es totalmente ciega a los atropellos de cualquier dictadura de izquierda o simplemente, crítica a sus mismos enemigos.
En este caso particular, Cuba mantiene desde hace cincuenta años un régimen totalitario de mano dura, donde hay un solo partido legal –el Partido Comunista— y a los disidentes se les aísla y/o encarcela, se impide salir a sus ciudadanos y las “elecciones” son una parodia que se lleva a cabo a través de asambleas de manos levantadas. Esta por supuesto es una forma de presión que da excelentes resultados cuando quien se atreva a disentir se transforma en paria de por vida y queda al margen del sistema.
Por supuesto, con Fidel Castro todavía con las riendas del poder pese a su retiro, aún prevalece el concepto de que la democracia y la diversidad de opiniones consagrada en el funcionamiento de varios partidos políticos es una “pluriporquería”, --tal es el célebre concepto acuñado por el dictador-- que no es otra cosa que admitir que hay una sola verdad, que es la oficial, por supuesto, y que todo lo que esté por fuera de ella es una mentira o una maniobra desestabilizadora.
Mientras tanto, el sistema se mantiene vigente con la complicidad de gobiernos y partidos genuflexos capaces de justificar la opresión del pueblo y los más aberrantes atropellos de los derechos humanos, silenciados por el régimen monolítico, al tiempo que se rajan las vestiduras por la más mínima falta cometida por un país “enemigo” de sus ideales, en una clara muestra de hipocresía.