Opinion | 08 Mar Si bien seguramente el presidente José Mujica ha sido absolutamente sincero en su discurso respecto a la necesidad de reformar el Estado uruguayo, de la misma forma que criticó los “acomodos” en los concursos en los que la “transparencia” es solo un intento de transmitir una imagen para buscar réditos políticos, porque después viene el “dedazo” para los amigos y compañeros de partido, todo indica que traducir sus pensamientos –que por supuesto compartimos la enorme mayoría de los uruguayos que no vivimos del Estado, pero que sí lo financiamos a costa de no poco esfuerzo-- en medidas concretas y efectivas va a ser más difícil que las doce tareas de Hércules juntas, porque éste por lo menos era un semidios y Mujica es un simple mortal como todos nosotros.
Pero evidentemente vale el símil, porque reformar el Estado va a ser una lucha mucho peor que la que el héroe mitológico protagonizó contra la hidra de siete cabezas, a la que por cada una que cortaba le salían dos, y en nuestro Estado la reproducción de los problemas, los manejos, los “ñoquis”, los concursos truchos, la burocracia, los “dedazos” y la iniquidad en sueldos y situaciones, vale por muchas serpientes.
Y defendiendo a brazo partido este escenario el mandatario se va a encontrar ante muchos de sus compañeros de partido y de sector, con una dirigencia sindical integrada mayormente por gremios del propio Estado, que sienten como una amenaza cualquier intento de modernizar y/o innovar dentro del Estado, que es además considerado como un feudo propio y vedado al resto de la sociedad.
Un trabajo periodístico realizado por El País da cuenta de que el aparato estatal le cuesta cerca de 5.000 dólares por año a cada trabajador uruguayo. El cálculo surge de dividir el monto del presupuesto nacional por la población económicamente activa, y si bien no tiene rigurosidad técnica desde el punto de vista conceptual, sí es válida para dar cuenta de la magnitud de la carga que soportan los bolsillos de los uruguayos.
Desde los años 90, las sucesivas administraciones han referido a la necesidad de reformar el Estado y avanzar por lo menos muy parcialmente en esta problemática, incluyendo al propio ex presidente saliente Tabaré Vázquez cuando anunció que esta sería la “madre de todas las reformas”, pero cada uno de los ciudadanos de nuestro país es consciente que estamos en el mismo tembladeral de siempre, porque existe un statu quo de funcionarios y corporaciones político-sindicales que se oponen a todo y que en su momento han organizado plebiscitos para dejar todo como está, logrando su objetivo.
Mujica y el actual subdirector de la OPP, Conrado Ramos, integraron en su momento una delegación que encontró en Nueva Zelandia un modelo aproximado de lo que procura realizar el nuevo gobierno en Uruguay, que concretó hace 25 años una reforma que se basó en el espíritu de la reforma del Servicio Civil inglés, de hace ya más de un siglo.
Por supuesto, esta problemática supera toda voluntad política y entraña un desafío desde el vamos en cuanto a la identificación exacta de las dificultades, por cuanto como bien se desprende de este trabajo periodístico, no se trata solo de un problema “político”, sino que existe un entramado de problemas “de carácter técnico, económico, social, político, cultural, sindical, histórico y normativo”, por lo que penetrar la superficie y llegar a algo concreto y efectivo debe empezar por un diagnóstico lo más aproximado posible a la realidad.
Y la tarea es tan difícil como imprescindible: es impensable poder generar condiciones para el desarrollo y situarnos en el nuevo milenio con otras perspectivas, si no se encaran reformas estructurales que sean determinantes para que el Estado pese menos sobre los sectores reales de la economía, pueda crearse y reciclarse mayor riqueza y mejorar su distribución, y que a la vez no haya un sector en la cómoda con todo el resto de la sociedad aportando para su mejor pasar.
La ineficiencia, la burocracia, la superpoblación en determinadas oficinas y la falta de personal en otras, los magros sueldos en algunos sectores y remuneraciones exorbitantes en otros, los trámites interminables, los sobrecostos que impone, forman parte indisoluble de nuestro Estado, el gran convidado de piedra para el emprendedor, el asalariado, el pasivo, y que a la gran mayoría de los uruguayos les saca mucho más que lo que les devuelve. Es por lo tanto hora de cambiar la pisada y hacer algo realmente patriótico por el Uruguay, que es reducir el tamaño y hacer más eficiente el Estado, sin medias tintas ni vacilaciones, porque en ello nos va la vida como nación.