Escribe el Dr. Rodolfo Canabal

Locales | 09 Mar En varios comentarios se aludió en esta columna a la situación de los militares  amparados por la llamada “ley de caducidad”, y declaraciones públicas recientes que se indican más adelante sugieren, una vez más, abordar dicho tema sobre la base de algunas de los precedentes análisis publicados en esta columna.
Se expresó en nota del 19 de setiembre de 2006, en circunstancias en que se había sugerido promover la apertura de casos de detenidos políticos que habían desaparecido para poder determinar las respectivas responsabilidades, con profunda convicción, que los casos estaban cerrados o clausurados desde el punto de vista jurídico;   pero se entendió, no obstante, tal como antes se había ya expresado, que ello no impedía “realizar esfuerzos tendientes a ubicar los cuerpos de los detenidos desaparecidos para, de tal manera, procurar por lo menos atenuar el intenso dolor de los integrantes de sus respectivas familias por no conocer el destino de sus despojos mortales”.
Dicho criterio se basaba en el sentido muy claro que persiguió la citada ley, pues todo intento por reabrir los casos se opone a su designio, que buscó aportar la paz en lugar del rencor que dificulta el cierre de las heridas del pasado. Se entendió al pensar así que el castigo que la reapertura de los casos busca para los autores de los respectivos hechos “en muy poco habrá de intensificar el desprestigio en que cayeron. Tal punto de vista se sostiene no obstante haber sido en su momento contrario a la sanción de la citada ley, pues entiende que su ratificación plebiscitaria impuso aceptarla a quienes con ella discreparon, a lo que hoy se agrega que tampoco logró resultado favorable el reciente intento por su “anulación” intentada durante el año precedente.
Por tales razones, muy resumidas en los párrafos que preceden, y por la fundamental circunstancia que emerge de que en lo esencial el contenido de la ley fue consagrar la amnistía contra los responsables de los ilícitos cometidos, la cual es irrevocable, se ha entendido que en la reiterada pugna orientada a lograr la reapertura de los casos comprendidos en la ley ha tenido gran incidencia un sentimiento de venganza, de rencor, que tal como se expresó en el precitado comentario “no ha de contribuir a que se alcance la deseable paz por los graves hechos en que se incurrió durante el período dictatorial”. Y se agregó en dicho comentario, para advertir la importancia que tiene, en los casos en que se restablece el ordenamiento democrático, promover también el restablecimiento de la paz interior, que quien era embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, señaló que “reconciliación fue el lema que inspiró nuestra transición democrática”.
Al confirmar una vez más los conceptos expuestos corresponde señalar que es verdadero honor que,  en algunos aspectos fundamentales, tal como amplia y públicamente ha trascendido, ellos coincidan con públicas y recientes expresiones de quien, durante el lapso del gobierno de facto,  fue incansable defensora de muchísimos perseguidos durante tal período, y también luchadora por la plena vigencia de los derechos humanos,  la Dra. Azucena Berrutti, muy distinguida  abogada, quien además fue durante el gobierno que acaba de culminar  su mandato ministra de Defensa Nacional  y luego presidenta del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (Sodre).