Opinion | 10 Mar El acceso a la vivienda en nuestro país sigue presentando las mismas dificultades que hace décadas, teniendo en cuenta que existe un déficit estimado entre las 80.000 y las 100.000 unidades habitacionales, y cuya reversión no es solo un problema de recursos, sino que a la vez tiene connotaciones de carácter social que conllevan aún más dificultades a superar.
Durante el gobierno de la Administración Vázquez la vivienda no figuró entre sus prioridades y por el contrario, se ha registrado una agudización del déficit crónico al que aludíamos, ante la falta de un plan de incorporación de soluciones que respondiera a una necesidad que es acuciante para los sectores de menores ingresos de la población, que es precisamente la franja en la que existen mayores dificultades de acceso.
El gobierno que encabeza José Mujica ha identificado el déficit habitacional como un problema social de gran envergadura, que ha sido relegado por la administración saliente y que por lo tanto es preciso desde el vamos encarar acciones radicales para enjugar el déficit.
Así, el nuevo gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un “plan impacto” en este sentido, aunque hasta ahora esta iniciativa no ha sido respaldada con un proyecto definido sobre sus alcances y financiación, por lo que estamos ante una definición política que es preciso traducir lo antes posible en un esquema de implementación viable y con una continuidad que permita realmente una respuesta efectiva a las expectativas de decenas de miles de familias que a sus problemas de todos los días suman enormes dificultades de acceso al techo propio.
De acuerdo a lo manifestado a “Búsqueda” por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, el denominado “Plan Impacto” apuntará principalmente a mejorar las viviendas de las familias que viven en condiciones muy precarias, más que a la construcción de nuevas unidades habitacionales.
La secretaria de Estado dijo que “tenemos definidas” áreas de intervención que “van a ser puestas arriba de la mesa de los ministerios” y gobiernos departamentales a efectos de evaluar “como vamos a desembarcar en el territorio a partir del segundo semestre de este año, aunque diría que con fuerza va ser en 2011 y 2012”. Subrayó que el plan estará dirigido a un universo de “600.000 pobres y los 15.000 indigentes”, y apuntó que el punto de partida del plan serán “los 50.000 que están censados a través del Panes que necesitan mejoras en su vivienda, porque se apunta principalmente a mejorar las viviendas, la cocina, el baño, la instalación sanitaria, etcétera”.
Muslera manifestó que en el Ministerio de Salud Pública se ha detectado que “hay un 85 por ciento de problemas en la salud y que no se resuelven con más policlínicas, vacunas o controles. Se resuelven con condiciones de higiene, por eso se ve la necesidad de este plan para poder ir con la nutricionista, ayudar a cocinar y poder ir con el responsable de la salud de esa familia y generar hábitos de higiene, y a su vez llegar con educación informal para generar las ganas de ir a más”.
Consideró que el plan podría manejarse a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, con una comisión de “gente intachable”, con aportes y fondos privados, “para tener una transparencia en la recepción y uso de esos fondos”, evitando la burocratización.
La intención del plan aparece como irreprochable, pero así planteado no aparece solución real para el déficit habitacional, sino que se percibe la idea de asistir a sectores que viven en zonas marginales para mejorar su vivienda, lo que está muy bien, pero que a la vez conlleva una consolidación de situaciones problemáticas desde el punto de vista de la ubicación y situación legal de las construcciones y a la vez dejar al margen a muchos otros sectores con serias dificultades para acceder a la vivienda y ante alquileres que han trepado muy por encima de las posibilidades de franjas de menores ingresos.
Y si bien no estamos ante un “Plan Impacto” cerrado, desde que la idea de la ministra y del presidente sería la de alentar la participación privada en financiar la construcción de viviendas, hasta ahora no hay lineamientos claros sobre como podrá llevarse a cabo esta idea. Este es precisamente el quid del problema a dilucidar, desde que las mejores intenciones suelen naufragar a la hora de afinar los proyectos y procurar los fondos para financiarlos, cuando el margen de maniobra es muy limitado en cuanto a recursos del Estado y es preciso evaluar muy bien la índole y costos de los estímulos que puedan establecerse para lograr la hasta no hace mucho cuestionada inversión privada.