Opinion | 09 Mar Aunque a regañadientes y tras un episodio en el que el presidente venezolano Hugo Chávez fue protagonista una vez más de un entredicho internacional, esta vez con el gobierno español, los gobiernos de ambos países llegaron a puntos de acuerdo para formular una condena conjunta al terrorismo y por elevación al grupo vasco ETA, que año a año suma decenas de muertos a su presunta “causa” independentista.
Los gobiernos de España y Venezuela ratificaron a través de un comunicado conjunto su “más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”, además de subrayar su compromiso de cooperar en todos los ámbitos y destacar la lucha contra esta banda terrorista, de acuerdo a los términos del documento.
En esta instancia, ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial, “implementando efectivamente los instrumentos de cooperación existentes”, en tanto paralelamente el gobierno venezolano “refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos”.
Pero claro, pocos días antes, el gobierno de Madrid, presionado por las circunstancias, había salido prácticamente a intimar al régimen venezolano a que cesara de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que consagraran una alianza terrorista internacional con la ETA, desde que había informes de que Chávez alentaba esta coordinación.
Ahora, tras la protesta del presidente bolivariano, Madrid ha bajado varios cambios en su planteo, al señalar que no había pedido “explicaciones” a Caracas, sino solo “información” sobre la supuesta ayuda, porque Chávez sostuvo que no tenía nada que “explicar” respecto a la denuncia del juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco sobre la supuesta cooperación de Caracas con esta alianza.
Es que Rodríguez Zapatero ha quedado embretado entre su política internacional ambivalente y el escenario interno de su país, porque se ha dedicado decididamente a tender puentes hacia Cuba y su aliado venezolano, con la expectativa de que la Unión Europea cierre los ojos ante la falta de libertades y de democracia en la isla caribeña, para encontrarse justo con que la muerte de un prisionero político en prisión en La Habana le tiró abajo en un rato lo que tejió con paciencia durante tanto tiempo.
Tampoco le ha ido mejor con Chávez por este último episodio, al tener que recoger la inquietud de un juez sobre esta eventual alianza terrorista, de la que no hay mucho que dudar, teniendo en cuenta la absoluta falta de escrúpulos con que se mueven los sediciosos, la consabida “simpatía” --por decir lo menos-- del presidente venezolano con la FARC y los conflictos de Caracas con Colombia por el apoyo a los guerrilleros.
El juez Velasco había procesado el 1º de marzo a seis miembros de ETA y a siete integrantes de las FARC por haber establecido supuestamente una alianza para atentar en España contra autoridades colombianas, como el propio presidente Alvaro Uribe, a la vez de manejarse “indicios” de la cooperación del gobierno de Venezuela con esta presunta alianza.
Esta posibilidad debió ser recogida por Rodríguez Zapatero en el planteo que luego redujo a un “pedido de información” para no irritar a Chávez, teniendo en cuenta los intereses de empresas españolas en Venezuela, mientras paralelamente sigue librando una severa política represiva contra los inmigrantes sudamericanos en el país ibérico, muy lejos de la política de “cooperación” pregonada hacia el subcontinente colonizado por España y que siglos después recogiera a millones de inmigrantes de esa procedencia.
Y si bien el hombre, como los gobiernos, son dependientes de la realidad y están condicionados por las circunstancias, no es menos cierto que el gobierno ibérico, enfrentado a una severa crisis económica que ha llevado a que el país tenga el mayor desempleo en Europa, es preso de sus contradicciones, y encima se hace muy flaco favor sacando las castañas del fuego a dictadores y/o gobiernos autoritarios, solo por proteger sus intereses.