Opinion | 11 Mar El nuevo gobierno encabezado por José Mujica aparece como dispuesto a corregir algunas de las falencias que puso de relieve su antecesor en materia de entendimiento y relaciones con la oposición, que pasa por tratar de generar un mayor espacio de respaldo a los actos de gobierno y a la elaboración de leyes, lo que ha sido puesto de relieve por ejemplo a través de la integración de comisiones con representación de todos los partidos a efectos de acordar líneas de trabajo en cuatro áreas consideradas prioritarias por la nueva administración.
Ya este paso es de por sí muy significativo, y permite que haya un enriquecimiento muy necesario en la perspectiva y elementos de juicio en la toma de decisiones de gobierno, sin cerrarlas a una concepción exclusivista, porque nadie es dueño de la razón y los errores se cometen más allá de las buenas intenciones y objetivos que se tengan, y como bien ha expresado el nuevo presidente, se aprende a gobernar todos los días y la realidad suele ser muy distinta a la idea “facilonga” que se tenía cuando se ejercía la oposición.
Y si bien se ha comenzado ya con las primeras dificultades para hacer realidad este entendimiento con la oposición a través de la participación en organismos como el Banco de la República y el Codicen, debería haber la mejor disposición posible para corregir prácticas muy negativas que se ponen de relieve en el trabajo parlamentario, que se traducen en leyes imperfectas y de muy mediocre calidad técnica, contradicciones y hasta inconstitucionalidades.
Es que en los últimos años, cualquiera sea la representación que le toque a cada colectividad cívica en el ámbito parlamentario, se ha observado un sistemático deterioro de la calidad del trabajo en las cámaras legislativas, por lo que estamos ante un problema que no es exclusivo de un partido, y en mayor o menor medida afecta transversalmente a todas las colectividades cívicas.
Sin dudas que por encima de las políticas y las intenciones, existe una seria deficiencia en cuanto a recoger estos elementos en el texto legal –el Poder Ejecutivo también tiene su responsabilidad en determinadas iniciativas-- en gran medida porque existen notorias falencias técnicas en su implementación, y ello da la pauta de problemas de formación en los legisladores, que suelen operar más como políticos que como legisladores, sin el debido conocimiento de cómo deben traducirse las decisiones políticas en el texto que debe ser preciso y ajustado al marco constitucional.
No es un secreto para nadie que más o menos siga de cerca el acontecer parlamentario que ello ha sido un serio problema en el gobierno saliente, por cuanto no es una buena combinación conjugar falencias técnicas con urgencias por aprobar determinadas normas con la intención de transmitir la imagen de ejecutividad en cumplir promesas, sin evaluar debidamente los pro y los contra de decisiones ya de por sí controvertidas y con mucha más razón aún cuando las leyes redactadas no son claras y dejan abiertos grandes flancos para la controversia y/o sus consecuencias colaterales, que muchas veces son aún peores que los problemas que se pretende solucionar o los sectores a favorecer.
A la hora de la instrumentación, estos gruesos errores saltaron a la vista, y cuando no se ha rectificado directamente la equivocación con la sustitución o modificación de la ley, se ha optado por la prórroga de su entrada en vigencia en procura de reanalizar los textos y detectar las incongruencias, lo que debió hacerse por supuesto en el trámite parlamentario y no una vez que se ha atravesado el proceso de sanción de la norma. Estos elementos ponen de relieve improvisación, escaso estudio y mínima evaluación de los pro y los contra de leyes que seguramente se elaboraron con las mejores intenciones, pero sin tener presente que no se puede cambiar la realidad a fuerza de leyes y redistribuir riqueza de la nada, sin crearla, como lo reafirmó una y otra vez el presidente Mujica en su discurso de asunción ante la Asamblea General, aventando viejos conceptos de la izquierda en cuanto a prioridades y urgencias que han pretendido cambiar la porfiada realidad. Y como lo hemos señalado en más de una oportunidad, cuando estamos apenas en el comienzo del trabajo parlamentario, es preciso que los dirigentes de todos los partidos asuman que en la tarea parlamentaria no se debe improvisar, que la eficiencia o la calidad del Legislativo no se mide por las leyes que se han aprobado en determinado período, sino por hacer que realmente respondan a los objetivos que se buscan, sin voluntarismos y creer que simplemente con aprobar una ley se arreglan todos los problemas.