Opinion | 06 Mar La continuidad en las políticas de gobierno, una vez definidas, es un concepto básico y premisa fundamental para su éxito, lo que es precisamente una actitud y disposición que no se da frecuentemente en las administraciones que han regido los destinos del país, donde además la constante es que cada gobierno traiga su propia receta y hasta rectifique decisiones que han adoptado gobernantes anteriores hasta del mismo partido.
De ahí la importancia de definir políticas de Estado que generen un mínimo de estabilidad en políticas en áreas estratégicas, por encima de la impronta que le de cada gobernante a su gestión sin salirse de las grandes líneas de acción establecidas en los acuerdos. Este marco es fundamental para captar inversiones y motivar a las empresas a que planifiquen su logística con un mínimo de garantías de que no les serán cambiadas sobre la marcha las reglas de juego.
Una de las apuestas fundamentales del Uruguay y sobre la que seguramente no debe haber disensos refiere a la necesidad de diversificar y coordinar las modalidades de transporte, que en las últimas décadas se ha concentrado prácticamente en el traslado por carretera, apuntando al “embudo” de Montevideo para la salida a través de su puerto, en desmedro del ferrocarril y el transporte fluvial.
Ello ha generado una red y creación de infraestructura que consume grandes recursos en mantenimiento y mejoras, a lo que se agrega el menor rendimiento por tonelada transportada, lo que implica por lo tanto un consumo adicional de combustible importado y gasto en cubiertas, repuestos y unidades de tracción que se fabrican en el exterior.
Quiere decir que el desarrollo del transporte multimodal es un asunto de interés estratégico vital para el país, y su desarrollo debe formar parte de una política de Estado asentada sobre lineamientos que incluyan aportes y compromisos de todos los partidos para asegurar su aplicación en un período de mediano y largo plazo.
La necesidad de promover el transporte fluvial y el ferrocarril es un concepto que ha sido incluido en las plataformas de todos los partidos, más allá de los eventuales acuerdos formales para incorporarlo formalmente como política de Estado, y la Administración Vázquez ha sido particularmente ejecutiva –dentro de la relatividad de nuestro Estado-- en instrumentar acciones para promover el cabotaje en el río Uruguay, incluyendo inversiones en sus puertos.
Ya este solo dato es alentador y marca una diferencia sustancial con administraciones anteriores en las que se prometió mucho y se hizo poco, salvo el instrumento removedor que significó la aprobación de la Ley de Puertos durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle.
En base a este instrumento se ha contado con marco legal para potenciar el puerto de Montevideo sobre la concesión a privados, y a la vez se ha contado con el convencimiento y la voluntad política, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos (ANP), de volcar inversiones en los puertos de Paysandú, Salto y Fray Bentos, a efectos de mejorar su infraestructura para posibilitar su operativa.
En el caso del puerto de Paysandú, en este quinquenio sin dudas se hizo mucho más que en décadas para su reactivación, y a través del firme timón de Gastón Silbermann, primero como vicepresidente y luego como titular de la ANP, se puso en marcha un proyecto que en una primera etapa comprende el refuerzo y mejora en el muelle de cabotaje para la operativa con contenedores, así como el dragado del canal de Almirón, recuperación de grúas y otras obras, las que aún están en proceso.
El cambio de gobierno encuentra la ejecución de estos proyectos todavía a medio camino, por cuanto han sido demorados por la mayor crecida del río Uruguay del último medio siglo, y de ahí la importancia de que la nueva administración reafirme el objetivo de culminar las obras en el menor plazo posible, para lo que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestal.
El presidente José Mujica, precisamente, se ha manifestado firme defensor del transporte fluvial y del ferrocarril, por lo que es de esperar que ratifique la orientación seguida hasta ahora por el Ministerio de Transporte y la ANP, a efectos de que el Uruguay pueda contar con una logística de transporte adecuada a los tiempos que corren y salir así del rezago de tantos años.