Opinion | 18 Mar La nueva convocatoria a las urnas que se formula para el próximo 9 de mayo, en la que se elegirán intendentes, ediles y alcaldes, se enmarca en la reforma electoral instaurada en 1996, que también modificó el sistema vigente para las elecciones nacionales, al eliminarse el doble voto simultáneo, incorporar las elecciones internas y la figura de un candidato único, así como el balotaje en el caso de que ninguno de los candidatos obtenga el 50 por ciento más uno de los votos.
La reforma es a menudo cuestionada por algunos dirigentes, pero generalmente las críticas se inscriben en la suerte que en la coyuntura corre la respectiva colectividad política en este marco electoral, y sin dudas que más allá de subjetividades e intereses propios, el sistema tiene más elementos positivos que negativos a la hora de evaluar sus resultados.
Acaso el que deja más flancos vulnerables es el referente a la “maratón” de consultas electorales, desde que en un período de menos de un año se convoca a las urnas por lo menos en tres ocasiones –cuatro si hay balotaje-- con sus respectivas campañas electorales, lo que en muchos ciudadanos causa una especie de saturación, sobre todo en el caso de personas que tienen nulo o escaso interés en política, y la vez conlleva un esfuerzo desgastante para los dirigentes políticos y las propias finanzas partidarias. Aún teniendo en cuenta este aspecto, la reforma ha permitido erradicar elementos muy negativos del anterior sistema, cuando la minoría mayor podía acceder al poder –fue así que ganó Juan María Bordaberry las elecciones de 1971, que luego desembocaron en la dictadura-- en las que además cada partido llevaba multiplicidad de candidatos que sumaban votos bajo el mismo lema, por lo que perfectamente –como se dio en más de una oportunidad-- podía ser ungido presidente un candidato con apenas el 20 por ciento de respaldo en las urnas o menos.
La candidatura única y el balotaje han permitido poner fin a esta especie de ruleta rusa y de real engaño para el ciudadano, que debía votar en un mismo sobre un “paquete” de candidatos a la presidencia, cámaras legislativas, juntas electorales, intendente y ediles sin tener siquiera la posibilidad de “cruzar” el voto, es decir que debía hacer todo dentro de un mismo partido.
Entre otras consecuencias, el resultado era que la elección nacional tenía un decisivo efecto de “arrastre” sobre la elección departamental, por lo que era frecuente que buenos candidatos a intendente, con notorio predicamento en la población de su departamento, perdieran elecciones “cantadas” por no pertenecer al partido que tenía en ese momento la corriente favorable a nivel nacional, y a lo sumo lo que le quedaba al elector era optar por votar solo en lo nacional o en lo departamental, si sus respectivos candidatos pertenecían a partidos distintos.
Tenemos por lo tanto una legislación electoral que naturalmente siempre es perfectible, pero que es sin dudas mejor que la que teníamos hasta la reforma, con la clara intención, en el caso de la elección muncipal, --a la que ahora se incorporan los alcaldes-- de optar por el mejor postulante para el cargo, por encima de las propias estructuras partidarias, si el votante es independiente y no tiene especial simpatía por alguna colectividad cívica.
Pero evidentemente no siempre el espíritu y la intención de una norma se cumple en los hechos, desde que es notorio que en las elecciones departamentales están pesando los aparatos partidarios, que son muy importantes a la hora del trabajo de campo y la difusión de propuestas para conquistar el voto ciudadano, y es muy difícil, si no imposible, que aún el mejor vecino, sin este apoyo, pueda tener muchas posibilidades de ser ungido intendente por el voto popular.
Pero hay además otra forma de desvirtuar este espíritu de la norma, que lo estamos viendo ya en Paysandú y en prácticamente todos los departamentos, que refiere a la visita –que se hará cada vez más frecuente a medida que se acerque el acto electoral-- de legisladores y líderes partidarios nacionales en apoyo a tal o cual candidato, pretendiendo influir en la opinión ciudadana.
Es cierto, no es una práctica que esté prohibida al dirigente político, pero da la pauta de que la proclamada descentralización y búsqueda de la libertad para el elector, desprovista de la influencia nacional, queda en los papeles, y que hay quienes tienen “padrinos” a falta muchas veces de mejores argumentos hacia el ciudadano, por lo que se borra con el codo lo que se escribió con la mano respecto a la independencia del elector departamental, al que al fin de cuentas de una u otra forma se pretende seguir atando a los “lineazos” de los dirigentes nacionales.