Opinion | 15 Mar Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde la época en que el país “creció” encerrado, promovió la instalación de industrias en base a fuertes impuestos a las importaciones de esos mismos productos y alentó su creación mediante exenciones tributarias específicas, con la expectativa de crear fuentes de empleo e incorporar valor agregado sobre la base del trabajo nacional.
En teoría, se trató de una política de defensa de la fuerza laboral, pero solo en teoría, porque a un problema que se pretendía solucionar le siguió otro peor, que fue generar una burbuja de empleos sobre supuestos que resultarían imposibles de sostener en el tiempo, porque los subsidios no salen de la nada y las consecuencias al fin de cuentas pueden ser peores que si no se hubieran instaurado.
El punto es que la protección industrial por el pleno empleo o por lo menos el mayor empleo posible no puede mantenerse por siempre, porque en todo emprendimiento es preciso irse adecuando a los tiempos, generando rentabilidad y a la vez inversión y tecnología, así como determinada productividad, para que el sector no vaya perdiendo capacidad de producir en forma competitiva, a tono con los precios internacionales.
Este fue precisamente el punto que llevó al fracaso, porque se fomentaron industrias que se volvieron obsoletas, que no reinvirtieron y solo pudieron subsistir a través de subsidios directos o indirectos, como la prohibición de importaciones y la aplicación de fuertes gravámenes a los similares del exterior.
A partir de la década de 1970 ya era imposible mantener este esquema de país cerrado, que podía disimular la falta de empleo genuino con industrias y emprendimientos de apoyo que producían a costos sensiblemente más altos que los de otros países, lo que significaba que se aplicaba al consumidor un impuesto adicional en cuanto al precio de la mercadería, solo para sostener este esquema artificial que tarde o temprano debería desaparecer si el país quería asomarse al mundo.
Claro, el desproteger la industria significaría una condena para toda aquella que no se reconvirtiera a las exigencias del mercado internacional, y en la década de 1970, todavía en plena dictadura, la apertura ya inevitable llevó a la desaparición de industrias que no estuvieron a la altura del desafío, que no hicieron mucho por ponerse al día y no se acogieron a líneas de crédito que se otorgaron para la reconversión.
Hubo varias de ellas que igualmente no podían hacer en dos, tres, cinco años, lo que no habían hecho en décadas y la situación les pasó por arriba, por lo que fueron desapareciendo y a la vez ello implicó un alto costo social en desempleo.
Esta visión retrospectiva viene a cuento de la necesidad de llevar adelante políticas realistas y sustentables, lo que no quiere decir que no haya que establecer en muchos casos medidas de defensa del trabajo nacional, pero sin llegar a los extremos de aquellas situaciones en las que se vivía el momento como si fuera a durar para siempre. No hay países que no protejan en mayor o menor medida el trabajo dentro de fronteras, pero siempre deben evaluarse los pro y los contra del grado de los subsidios y de protección, porque ello solo se justifica cuando se trata de una medida temporal ante determinadas coyunturas o en medio de una reforma estructural, para dar tiempo a que en su momento, que debería ser lo antes posible, el emprendimiento pueda desenvolverse por sus propios medios y hacerse viable.
Entre ambos extremos, es decir entre la apertura total y el proteccionismo absoluto, hay una gama de situaciones posibles, y en este escenario diverso no es fácil encontrar el punto de equilibrio, por lo que se debe encarar antes un monitoreo permanente de la evolución de la actividad industrial, establecer reglas de juego claras pero a la vez adecuándose a los vaivenes del escenario internacional y siempre apuntando a establecer condiciones para mejorar la competitividad, tanto en lo que se refiere a la exportación como en la producción para el mercado interno y la industria que sustituye importaciones.
De ahí que sin perder de vista estos parámetros de gestión, debe evaluarse cuidadosamente los orígenes de la pérdida de competitividad que afrontan la mayoría de nuestros emprendimientos industriales, en los que evidentemente incide un tipo de cambio que encarece las exportaciones, favorece las importaciones y aumenta los costos internos, que es un signo inequívoco de que algo no anda bien en la política económica hacia el sector, y que es tiempo de revisarla y encarar medidas que permitan revertir esta tendencia, antes que el problema siga agravándose.