Opinion | 19 Mar La reforma de la seguridad social sancionada en 1996, con sus luces y sombras, fue una respuesta que dio el sistema político a una situación de creciente deterioro de las finanzas del Banco de Previsión Social, el que en el mediano plazo seguramente desembocaría gradualmente en una crisis y por ende estaba en riesgo de colapsar, en perjuicio de los actuales y futuros pasivos y de la estabilidad económica del país.
Ello era consecuencia del régimen denominado de solidaridad intergeneracional, que ha sido voluntarista y desacompasado de la realidad, sometido además a manejos políticos que lo fueron desfinanciando y por ende dándole un perfil cada vez más comprometido.
Ocurría que la relación activo-pasivo hacía que los aportes de los trabajadores para financiar las prestaciones a los pasivos, ante el desfasaje en el tiempo de la recaudación, resultaran cada vez más insuficientes y se necesitaran crecientes aportes de Rentas Generales, es decir del dinero de todos los uruguayos, para sostener un sistema que igualmente estaba destinado a desembocar en una profunda crisis.
La reforma, entre otros aspectos, incorporó al sistema a las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP) las que ofrecen una cuenta bancaria en la que el trabajador va depositando sus aportes a efectos de obtener interés del capital depositado y contar así con un retiro que ofrece seguridades económicas, por lo que su suerte queda atada a la rentabilidad de estas administradoras, las que al final de su vida activa le van devolviendo sus aportes para un mejor pasar.
Los fondos de las AFAP son por lo tanto una fuente posible de recursos para volcarlos a la inversión que resulte en la mayor rentabilidad posible para sus dueños, los trabajadores, y durante años se ha especulado con posibles mecanismos para detraerlos del sistema en el que se encuentran, para afectarlos a financiar proyectos concretos en beneficio directo del país y de los propios trabajadores, como podría ser la construcción de viviendas y financiación de inversiones de interés general.
Por supuesto, el contar con estos fondos para reciclar riqueza sería la mejor apuesta posible para los propios trabajadores, desde que al propiciar fuentes de trabajo se asegura o por lo menos se minimiza la posibilidad de que el trabajador quede por el camino por falta de empleo y pierda los depósitos, a la vez de asegurar una mayor rentabilidad para su dinero a través de ganancias adicionales.
Empero, hasta ahora esa posibilidad había quedado en la nada debido a que es fundamental que el dinero cuente con garantías de retorno en lugar de perderse en un barril sin fondo, ante los riesgos de que finalmente los recursos no retornen a las administradoras para que éstas cumplan con su misión específica, a la vez de existir un severo condicionamiento para el uso de este dinero a través de las normas que regulan el funcionamiento de las AFAP.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo ha anunciado que enviará al Parlamento un proyecto de ley modificando los topes y para aliviar la rigidez actual de la tramitación de inversiones, que son los dos aspectos que limitan el manejo de los capitales acumulados en las AFAP. Ocurre que las administradoras, desde su creación, han estado limitadas por los topes impuestos a sus inversiones en actividades empresariales, como así también por las dificultades normativas a efectos de obtener autorización para invertir, por lo que la iniciativa del presente gobierno apunta a flexibilizar la regulación para el uso de estos fondos.
Por supuesto, de lo que se trata es de minimizar el riesgo para los dueños del dinero, que son los trabajadores, pero con el suficiente sentido común como para embarcarse en financiar proyectos que signifiquen un reaseguro de las fuentes de trabajo, mediante apoyo financiero para apostar a emprendimientos de proyección muy beneficiosa para la actividad económica.
Es decir que no deberían mantenerse a rajatabla estos recursos como una vaca sagrada intocable, sino que se debe evaluar cuidadosamente cuál sería su mejor destino para multiplicar riqueza y dinámica, teniendo en cuenta que las administradoras manejan más de cinco mil millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento está colocado en inversiones financieras en títulos del Estado, y quedan más de mil millones disponibles para volcarlos donde encuentran mayor rentabilidad. Estamos por lo tanto ante una firme posibilidad de que los recursos no se vuelquen exclusivamente al sector financiero y se destinen específicamente a la inversión, que es precisamente una apuesta al mentado país productivo, el que resulta vacío de contenido si no se dispone de instrumentos para hacerlo realidad.