Opinion | 21 Mar En una postura que felizmente se presenta ya alejada del estatismo a ultranza tan caro a los regímenes de izquierda y simbolismo de los panfletos propagandísticos de la década de 1960, el gobierno que encabeza José Mujica está abocado a la elaboración de un proyecto de ley a efectos de crear un marco jurídico que regule las asociaciones del Estado y la concesión de obra pública.
Al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas ha advertido la necesidad de contar con una normativa unificada con la intención de ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes decidan invertir junto al Estado, aspecto en el que existen notorios flancos débiles en la legislación vigente.
La idea del nuevo gobierno es la creación de una mejor herramienta para obtener nuevas formas de financiamiento por fuera del presupuesto nacional, con la intención de poder cumplir en obras de infraestructura sin por ello afectar el gasto público, y en este sentido el subsecretario de Economía y Finanzas, Pedro Buonomo, destacó a El Observador que “tenemos un rezago importante en términos de infraestructura, que es un tema clave para mejorar la competitividad del país. Si nos atenemos a la restricción fiscal no podremos continuar con el objetivo de seguir por la senda del crecimiento económico; por eso vamos a buscar otros instrumentos para atraer capital privado y financiar las obras de infraestructura necesarias”.
Entre las principales obras de infraestructura el jerarca mencionó la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha y de una vía férrea que lo comunique con el puerto de Nueva Palmira en Colonia, lo que indica la meta de participar activamente en la venta de servicios para salida e ingreso de mercaderías a una vasta región, con enlace en el corazón de Sudamérica.
Las concesiones y asociaciones que se prevén se fundamentarían en emprendimientos de largo plazo, lo que da la pauta de la necesidad de actualizar el entramado jurídico para hacer posible esta idea y a la vez captar inversores interesados en participar en esta asociación público-privada, incluyendo la posible afectación de fondos de las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP).
Para ello es preciso adecuar la normativa a los requerimientos para que estas administradoras puedan participar, ante la rigidez del marco actual, con la idea de que puedan diversificar sus opciones de inversión. Actualmente el fondo que manejan las AFAP se sitúa en el entorno de los 5.000 millones de dólares, pero en este marco solamente están invirtiendo en papeles públicos, como letras y bonos, pero sin participar en la financiación de obras de desarrollo que mucho necesita el Uruguay.
Este planteo de la nueva administración está en línea con las acciones que se habían desarrollado por otros gobiernos, a los que empero se había acusado por la propia izquierda de “neoliberales”, al punto que las tímidas normas que se ensayaron para avanzar en esta dirección se vieron frustradas por la oposición de sindicatos y sectores de la actual fuerza de gobierno, e incluso se organizaron plebiscitos para derogar leyes que procuraban avanzar hacia este tipo de asociaciones público-privadas.
La cultura de gobierno ha hecho que quienes ayer se oponían tan decididamente hayan asumido que estaban equivocados, y que es imposible que el Estado, con el dinero de todos los uruguayos, tenga posibilidades de financiar emprendimientos de este perfil y a largo plazo, lo que implicaría además utilizar recursos de los que no se dispone y que deberían a la vez volcarse a las áreas prioritarias en las que difícilmente participen privados por la escasa o nula rentabilidad que ofrecen.
Esta reorientación debe ser bienvenida, --más allá de haberse perdido un tiempo precioso durante hace muchos años debido a la férrea oposición que se entabló contra ideas similares, con argumentos rebuscados respecto a la soberanía y defensa del Estado-- porque la infraestructura significa contar con instrumentos imprescindibles para promover a la vez la inversión por la vía de ofrecer una mejor logística y la consecuente mejora de la competitividad.
Es la vez una muy buena oportunidad para avanzar en la venta de servicios portuarios y similares, al amparo de una situación estratégica y que también debería comprender a Paysandú, por su gran potencial y su inmejorable ubicación para el enlace con Argentina, Uruguay y Brasil, entre otras posibilidades.