ascienden a 140 trabajadoras en todo el país

Locales | 19 Mar Un total de 140 cuidadoras de Alternativa Familiar del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay se encuentran aguardando el proceso judicial que entablaron contra el INAU, ante la situación irregular que desde hace varios años vienen arrastrando. El juicio asciende a una cifra cercana a los 7 u 8 millones de dólares y de acuerdo a lo expresado por el abogado patrocinante, Sergio Rodríguez, “es muy posible que el caso sea ganado”.
Esta instancia comenzó siendo un proceso de cuatro cuidadoras de Paysandú a las cuales se les sumaron no sólo de nuestro departamento sino también de Young y Fray Bentos. Hoy conforman un total de 140 mujeres de Durazno, Tacuarembó, Artigas, Salto, Canelones, Las Piedras, Montevideo, Rivera y Colonia, las que están a la espera del juicio que han formalizado contra el Estado.
El abogado que patrocina a las funcionarias, el sanducero Sergio Rodríguez, comentó a EL TELEGRAFO que “Históricamente cuando nació la figura de la cuidadora, en la década del ‘40, era algo voluntario. Se hacía como un trabajo social en beneficio del niño abandonado y de la sociedad en general. Con el paso de los años las cuidadoras fueron percibiendo ciertos beneficios, tales como el aporte para la jubilación, un sueldo que en base a la cantidad de niños que tienen, una prima por antigüedad, hogar constituido y aguinaldo”.
“Pero no tienen salario vacacional ni un montón de beneficios propios de los trabajadores y además hay algunas leyes que se están incumpliendo. Por ejemplo el sueldo de ellas no es el que corresponde, deberían de cobrar un sueldo equivalente al del escalafón A, B Grado 1 que de acuerdo a la Ley del año 88 debería ser de un 60% de ese sueldo lo cual equivaldría en unos 5.500 pesos, pero actualmente por niño reciben 2.300 pesos”, indicó el profesional.
Rodríguez indicó que el recurso presentado al INAU en marzo del 2009 señalaba que las tareas que desarrollan las cuidadoras tiene naturaleza laboral dado que se encuentran presentes todos los elementos de dicha relación. Además de realizar el INAU aportes al BPS en el vínculo funcional “empleada”, a las cuidadoras también se les descuenta el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que “no quedan dudas que se trata de relaciones de dependencia”, precisó.
Las cuidadoras, que dependen del Programa de Alternativa Familiar atienden a 1.500 niños en situación de abandono. Por asistir a un solo niño, una cuidadora percibe un salario de 2.300 pesos, un aporte por concepto de víveres de 1.700 pesos y partidas por hogar constituido y antigüedad de unos 600 pesos. Si el menor es discapacitado, la madre sustituta percibirá, además, un ingreso de 1.300 pesos. Sin embargo, el documento presentado por Rodríguez en una primera etapa indica que un menor internado institucionalmente le cuesta al organismo 18.000 pesos por mes.
“las cuidadoras no
son voluntarias”
“El INAU sacó un informe, con fecha mayo de 2009, donde se indicó que la figura de la cuidadora es voluntaria. El problema es que la figura del voluntariado no estuvo regulado hasta setiembre de 2005 cuando nació el Mides. Con la creación de este organismo fue necesario sacar una Ley para toda la gente que estaba ayudando en distintos programas y que a su vez dejara un marco jurídico claro para que quienes quisieran trabajar como voluntarios y a través el mismo organismo no tuviera después alguna demanda judicial”, indicó. Al recibir esa respuesta la parte demandante debió presentar un informe en donde se indicó que hay algunos puntos fundamentales de la Ley del Voluntariado que no se cumplen con la figura de las cuidadoras y por ende no se las puede denominar de esa manera. “Una de las cosas fundamentales es la existencia de un papel firmado por el solicitante donde realmente exprese su pedido de ser considerado como voluntario; no deben percibir ningún tipo de retribución o beneficio laboral. Sí está contemplado que reciba compensaciones por gastos, por ejemplo de traslado, etc. Por esta razón es que las cuidadoras no pueden ser catalogadas como voluntarias porque nunca se ha cumplido con estos requisitos que establece la Ley”, dijo Rodríguez.
El reclamo central es que las cuidadoras puedan ser reconocidas como trabajadoras con estabilidad. “Hoy por día, si viene una madre biológica y levanta sus niños del INAU, la cuidadora queda sin trabajo y no puede gozar por ejemplo del seguro de desempleo, no tiene ninguna compensación. Entonces se está buscando que se la defina como funcionaria pública o que se le haga firmar un contrato. En sí, que se las enmarque jurídicamente en normas legales que les den garantías pero por sobre todo tranquilidad”.
“Incluso en los recibos del Banco de Previsión Social (BPS) figura el aporte con el código número 12 que es el vínculo funcional, la naturaleza de por qué hacen el aporte si sos contratado, empleado en subordinación, etcétera. Y este código de las cuidadoras para el BPS es empleada, por ende el Ministerio de Trabajo se posiciona del lado de las cuidadoras porque analiza y dice que realmente deben ser catalogadas como trabajadoras, al igual que el BSP”.
El juicio duraría
siete meses
“Creemos que la instancia judicial no va a demorar mucho, ya que el juicio laboral lo vamos a hacer regir por la Ley de Procesos Laborales Nº 18.572 que entró en vigencia el 1º de febrero y que en teoría insumiría unos 6 o 7 meses. Esto realmente permite que haya cierto entusiasmo en las cuidadoras porque si bien el año pasado hicimos una petición y no hubo resultados, recibimos como contrapartida la entrada en vigencia de esta Ley”.
“Si bien no hay una fecha precisa, es cierto que los primeros días de abril se estén presentando los juicios en la mayoría de los departamentos”, puntualizó el profesional.