Opinion | 20 Mar Entre las materias pendientes de la Administración Vázquez con los uruguayos de menores recursos figura sin dudas el acceso al techo propio de decenas de miles de familias que pagan con una situación social muy comprometida el flagrante desnivel entre ingresos promedio y el valor de los alquileres y que es por lo tanto factor que propicia el crecimiento de asentamientos marginales.
Precisamente el nuevo gobierno, por boca del propio presidente José Mujica cuando era candidato y lo ratificó luego tan pronto asumió, anunció que habrá de llevar a cabo el denominado “plan impacto”, que en un principio se presentaba como una iniciativa revulsiva tendiente a la construcción de miles de unidades habitacionales en el menor plazo posible, teniendo en cuenta que el problema de la vivienda se combate solo con disponibilidad de viviendas y no con medidas voluntaristas que muchas veces terminan provocando el efecto contrario al que se procura.
En cambio, la idea inicial fue “devaluada” según la consideración que hizo del tema la nueva ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, cuando dio la pauta de que el programa en realidad se dirigirá a mejorar las viviendas de sectores marginales, se entregarán materiales y se atenderá la emergencia habitacional mediante acciones que apuntarán a dignificar construcciones y entornos, pero no necesariamente incrementando en forma significativa el número de unidades habitacionales de interés social.
Más recientemente, cuando el nuevo gobierno tomó contacto con la realidad para la instrumentación de la idea, es decir la disponibilidad de recursos, los planes y la posibilidad de llevarlos a cabo, las miles de viviendas de “impacto” han quedado postergadas y se harán cuando se pueda, pero no este año, que iba ser el del lanzamiento de la respuesta masiva al problema.
Así, el plan de emergencia, por el que se iba ya a construir cientos de casas a los quince días de instalado el gobierno, terminará a lo sumo con soluciones para cuatro o cinco grupos de 50 familias en el segundo semestre del año, lo que equivale a menos de medio centenar de unidades habitacionales por mes, y ello además con la movilización de voluntarios, organizaciones no gubernamentales, presos y militares.
Eso da la pauta de que las mejores intenciones suelen estrellarse contra una porfiada realidad y el síndrome i-nevitable de la frazada corta, que no da para cubrir al mismo tiempo la cabeza y los pies, y porque a la hora del tironeo por recursos hay prioridades a tener en cuenta, pero también grupos de presión que se sienten postergados y reclaman su porción de la torta.
Y como los recursos salen todos del mismo lugar, es decir del bolsillo de todos los uruguayos, debe tenerse sumo cuidado en conjugar necesidades con disponibilidades, sobre todo cuando ya en la anterior administración se gastó en exceso, se esfumó la recaudación adicional obtenida debido a la coyuntura internacional favorable, y ha quedado para esta administración un déficit fiscal del orden del 2,1 por ciento del Producto Bruto Interno.
Igualmente, no puede postergarse ni un día más la instrumentación de respuestas valederas en cuanto a la construcción de viviendas de interés social, por la modalidad que sea, es decir por acción directa del propio Estado, con participación de privados y también con fuerte presencia del movimiento cooperativo, con planes de acuerdo a las posibilidades de las respectivas franjas de la población, que son muy diversas.
La única regulación posible del mercado de la vivienda solo se logra con más viviendas en el mercado, lo que a la vez repercutirá en el valor de los alquileres, los que además ya están “inflados” por la relación oferta-demanda y como consecuencia del Impuesto a los Alquileres incorporado por la reforma tributaria, que en realidad ha sido una carga adicional sobre el sector más débil, es decir el inquilino, al que el propietario naturalmente le ha trasladado el peso de este gravamen. Y para ello deben conjugarse los enunciados de buena voluntad con un programa que pueda “aterrizarse” en la instrumentación y en la consecuente disponibilidad de recursos, en lo posible con participación y aportes de los actores pero también del sistema político, para hacer de este tema una política de Estado y así dar continuidad a programas en los que hasta ahora cada uno aportaba su “receta” sin que se lograra abatir un déficit habitacional que ha trepado a un número situado entre las 80.000 y las 100.000 viviendas en todo el país.