Opinion | 27 Mar Nuevamente el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, la emprende contra los medios periodísticos de la oposición, en este caso el responsable de la cadena televisiva Globovisión, Guillermo Zuluaga, a quien la fiscal general ordenó arrestar ante la eventualidad de que tuviera pensado alejarse del país.
El “delito” del empresario del canal opositor fue haber emitido una opinión que no fue de agrado del mandatario, quien argumentó sentirse ofendido y --como en todo régimen autoritario-- opera con la Justicia como instrumento de sus delirios para intimidar a quienes discrepan con su régimen y de esta forma tener pendiente una espada de Damocles sobre quienes no se ajustan a sus dictados.
Como es norma, la prensa independiente es el primer objetivo que es preciso acallar y/o amenazar cuando lo que se informa no es del agrado del mandamás de turno, con la complicidad abierta o disimulada de un Poder Judicial que gradualmente es absorbido en su independencia por los dictados del Poder Ejecutivo.
Y para que no haya ninguna duda de cómo viene la mano, el canciller venezolano Nicolás Maduro acaba de acusar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de entrometerse en los asuntos internos de su país al señalar la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.
La CIDH se pronunció sobre el uso del “poder punitivo del Estado para criminalizar” a “disidentes políticos”, tras las detenciones en Venezuela del opositor Oswaldo Alvarez Paz y del presidente de la televisora crítica Globovisión, Guillermo Zuluaga. Según el gobierno del país caribeño, la CIDH, cuya posición está basada únicamente en “los argumentos de la oposición golpista en Venezuela”, avala “a dos personajes públicos que en estos momentos están siendo juzgados por violar las leyes e incitar al odio”, precisó el texto oficial de la cancillería, lo que pone de relieve, por si había alguna duda, que de lo que se trata realmente es de acallar a quien piensa distinto y no de defender la verdad, que en estos regímenes solo es patrimonio exclusivo del gobierno.