Opinion | 23 Mar Sobre el fin de semana anterior, el vicepresidente Danilo Astori se reunió con los integrantes de la bancada del Frente Amplio, que conforma la mayoría parlamentaria, a efectos de definir la agenda legislativa, oportunidad en la que el ex ministro de Economía y Finanzas señaló que a las áreas de prioridad determinadas por el gobierno central, como es el caso de la educación, la seguridad, la vivienda y el cambio climático, se sumaron temas económicos, políticas sociales e inserción internacional.
Para un gobierno que recién comienza, pese a que se trate del mismo partido que le antecediera en el ejercicio del poder, es fundamental determinar exactamente donde se está parado, definir las prioridades y sobre todo la forma de instrumentación de esas políticas, en las que evidentemente la acción legislativa es un aspecto vital.
Astori destacó en esa instancia la necesidad de que las leyes estén bien formuladas desde sus contenidos, pero fundamentalmente en sus formas, sobre lo que indicó que “las leyes no solo tienen que tener contenidos coherentes, sino que tienen que estar bien redactadas, porque si están mal desde el punto de vista jurídico siempre hay que volver atrás y termina perjudicando el proceso”.
También evaluó, en cuanto a la relación con la oposición, que “siempre hay que buscar acuerdos, porque en la medida que existan se tornan más sólidas las decisiones políticas”, lo que evidentemente refleja una intención que contrasta con la actitud que tuvo el gobierno y su mayoría parlamentaria durante el período anterior, y que trajo como consecuencia la aprobación de leyes controvertidas, contraproducentes y confusas, por decir lo menos.
Pero en esta problemática hay varios elementos a tener en cuenta, que son de naturaleza política y técnica, por lo que las correcciones deben buscarse por ambos componentes de la ecuación, si es que realmente se quiere rectificar los errores cometidos en la anterior legislación.
Por un lado, es evidente que como ya lo hemos señalado, hay un marcado déficit de formación jurídica en muchos legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, que conspira contra el principio elemental de dejar plasmado en el texto cual es la intención del legislador, en forma clara y sin lugar a equívocos o a dos interpretaciones, lo que a la vez requiere la certeza de no chocar con leyes anteriores, de no superponer normas en forma contradictoria y sobre todo no ir contra la propia Constitución, como ha ocurrido en más de una oportunidad.
En este aspecto es fundamental, si no se tiene formación jurídica, contar con el debido asesoramiento de un equipo de juristas, que esté disponible en el Parlamento para que los legisladores sean asistidos en este aspecto, como además ha planteado en más de una oportunidad el Colegio de Abogados del Uruguay, que sin embargo continúa ignorado, en lo que a esta altura aparece como una manifestación de soberbia o desinterés de los legisladores.
Desde el punto de vista político, a la vez, se mantiene desde hace ya muchos años e incluso se ha acentuado, la visión de que alcanza con redactar una ley sobre determinada problemática para que esta se dé por solucionada, con mucho voluntarismo, sin poner mayor énfasis en la viabilidad de llevarla a la práctica, y muchas veces tampoco en considerar las consecuencias colaterales de su aplicación, desde que lo que se soluciona por un lado puede a la vez afectar otros intereses legítimos.
Un ejemplo claro ha sido la ley de ordenamiento territorial y la norma que establece que para la enajenación de un bien inmueble debe previamente consultarse a las intendencias departamentales, para que hagan uso de la opción de adquirir el bien de marras, y la disposición de no autorizar la compra si no se otorga el certificado correspondiente de que el municipio no tiene interés en la operación.
Ante la imposibilidad material de instrumentar esta condición, 17 de las 19 intendencias renunciaron a este control, por su inviabilidad de instrumentación, poniendo de relieve que una cosa es el voluntarismo y otra la realidad, porque además es delirante pensar que las intendencias cuenten con recursos como para comprar todo lo que les interesa y mientras tanto dejar trabada la operación entre particulares.
Pero a la vez varias leyes debieron rectificarse y/o redactarse nuevamente, por su redacción confusa y a veces contradictoria, porque también la mayoría legislativa del partido de gobierno pretendió “cortar” camino emitiendo leyes en tiempo récord, sin tomar en cuenta aportes de la oposición, y se aprobaron normas que se dieron de bruces con la realidad a partir del contexto del mundo de fantasía en que se redactaron.
Es por lo tanto de recibo la exhortación del vicepresidente Danilo Astori, para no seguir perdiendo tiempo y recursos en legislar en el vacío y crear situaciones conflictivas que despiertan expectativas y entuertos que no siempre se pueden rectificar volviendo atrás.