Opinion | 29 Mar Referirse al grave problema que tanto para la ciudadanía como para los gobernantes representan los índices de delincuencia, equivale a detenerse en el papel de la policía, ya sea en el área de prevención y represión de los ilícitos como en cuestiones relacionadas a la recepción de denuncias y a la relación con el público. El incremento de la inseguridad, con el alto impacto psicológico que conlleva, situó a la institución policial en un escenario complejo.
Algunos sectores de la sociedad entienden que sus funcionarios carecen de la adecuada instrucción, son ineficaces y exhiben graves dificultades para relacionarse con el resto de la población, en tanto otro segmento de la ciudadanía admite la falta de recursos, la consolidación de bajos salarios y la incidencia de un contexto social que desborda el accionar de las autoridades. Sin embargo, existe consenso respecto a la necesidad de cambiar el modelo de gestión policial, fortaleciendo el aspecto preventivo, pero a la vez dotándolo de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para acortar distancias ante el accionar cada vez más violento de la delincuencia.
Afortunadamente, la designación del nuevo director nacional de Policía, Julio Guarteche, con una amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico, trajo consigo la voluntad política de cambiar definitivamente el perfil de gestión policial. Más patrullaje urbano, consolidación de la figura del policía comunitario, profesionalización y modernización del sistema de recepción de denuncias, así como la instrumentación de un sistema digital portátil de identificación de huellas digitales, son algunos de los objetivos trazados por las nuevas jerarquías policiales a nivel nacional. La ciudadanía debe tomar nota de estos compromisos y velar porque sean cumplidos a cabalidad, ya que de ello depende que esta sociedad acorralada por el delito comience a cambiar, por el bien de todos.