Opinion | 30 Mar La participación privada en proyectos para elaborar biodiesel a efectos de reducir la vulnerabilidad y dependencia de nuestro país de las importaciones de petróleo es un planteamiento de interés estratégico para nuestro país desde todo punto de vista, y todo indica que las políticas del Poder Ejecutivo deberían dirigirse enfáticamente a promover emprendimientos de este perfil.
Precisamente está en vigencia la norma que contempla la obligación de la mezcla de biodiesel con gasoil y de alcohol con nafta en proporciones crecientes, en porcentajes que llegan hasta el cinco por ciento. Es cierto, este porcentaje puede parecer muy menor respecto al volumen que se usa de combustibles importados, pero no es nada despreciable si se tiene en cuenta que estamos hablando de millones de litros que implican a la vez el uso de materia prima de origen nacional y renovable, el reciclaje de riqueza dentro de fronteras a través del movimiento en infraestructura, creación de fuentes de trabajo y ahorro de divisas.
Hasta ahora, la producción de biocombustibles para participar en la mezcla con carburantes de origen fósil se limita al aporte del complejo sucroalcoholero Alur S. A, que pertenece a Ancap y que funciona bajo el derecho privado, y la planta de biodiesel instalada en las cercanías de Montevideo, también de propiedad estatal pero a la vez asociada a la aceitera Cousa para el suministro de materia prima. En ambos casos estamos todavía en los primeros pasos de la instrumentación de una iniciativa que por ahora solo incorpora un porcentaje mínimo de combustible renovable a la matriz energética nacional, por lo que es fundamental estimular la participación de actores privados en emprendimientos en los que no puede estar presente solo el Estado, el que en realidad debería más bien operar como agente catalizador que como actor.
Lamentablemente, más allá de la burocracia inherente a la gestión estatal, hay decisiones políticas que resultan incongruentes con lo que se difunde en forma pública, es decir que mientras por un lado en el Poder Ejecutivo se insiste en la necesidad de promover el recambio gradual de la matriz energética, en los hechos hay organismos que no se acompasan a estos enunciados.
Un ejemplo claro de esta contradicción la tenemos en UTE, que ha sido parsimoniosa, por decir lo menos, en instrumentar los llamados a licitación para la instalación de generadores de electricidad por energía eólica y biomasa, al punto que para adjudicar los modestos 60 megavatios hasta ahora licitados, el organismo ha demorado casi tres años.
En el caso de los biocombustibles, tras la aprobación de la ley respectiva se cuenta con el marco jurídico que faltaba para habilitar que los privados puedan participar activamente en la elaboración de biocombustibles para su compra por Ancap, pero en los hechos las acciones que se han desarrollado no han resultado estimulantes para habilitar tales inversiones. Por el contrario, los privados que han ido a golpear las puertas de organismos como Ancap y el Ministerio de Industria, Energía y Minería para plantear proyectos no han ocultado su extrañeza y malestar por una marcada falta de receptividad y aparente desinterés por sus proyectos, a juzgar por la forma en que han sido “cajoneados” sus expedientes o directamente no se les ha otorgado audiencia.
Un caso concreto lo tenemos en Paysandú, donde existe interés de la empresa Indisur- Biopay por instalar una planta de elaboración de biodiesel a efectos de su mezcla en Nuevo Paysandú, donde se encuentran los depósitos de combustibles del organismo, y sin embargo los responsables del proyecto aseguran que nunca pudieron obtener una audiencia con los anteriores ministros de Industria para presentarles su proyecto, en tanto pese al interés de cooperativas agrarias por participar en otros esquemas de elaboración del biorcarburante todavía no se han habilitado los canales que permitan participar para hacer rentable el proyecto.
Recientemente una empresa argentino-estadounidense ha anunciado su interés en instalar una planta para fabricar biodiesel con algas, en un volumen equivalente a la producción de 200.000 hectáreas de soja, para lo que necesita una ubicación cercana a plantas cementeras, destilerías o refinadoras. Sin dudas los lugares en que podría instalarse son las inmediaciones de Montevideo o Paysandú, fundamentalmente, a juzgar por sus necesidades, por lo que es de esperar que en este caso puedan abrirse canales para la presentación de la iniciativa, sin dilaciones, para por lo menos demostrar que hay interés real en su participación y no solo declaraciones que luego no se compadecen con la realidad.