Asesoramiento de Fucvam

Locales | 06 Abr Dirigentes de la Mesa Departamental de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se reunieron recientemente con las 34 familias de inundados que estaban ocupando el terreno de San Martín y Rodríguez Nolla en reclamo de viviendas, y los asesoran respecto a los pasos a dar en procura de hacer realidad su objetivo. Además, en base a este diálogo los reclamantes optaron por abandonar la ocupación y buscar canales con las autoridades competentes para hacer realidad sus aspiraciones.
Dirigentes de Fucvam precisaron a EL TELEGRAFO que fueron convocados el viernes por estos vecinos a efectos de conocer su problemática y explorar alternativas a su situación, teniendo en cuenta la experiencia de Fucvam.
Subrayaron en este contexto que “la situación que viven familias inundadas, al no visualizar en el horizonte una vivienda digna y decorosa (art. 45 de la Constitución de la República) y ocupando un terreno, es la consecuencia de una mala, casi nula, política de cartera de tierras para viviendas a nivel nacional y fundamentalmente departamental”.
Consideraron que “la desesperación o falta de opción no se debe criminalizar o penar. La falta de inversión en tierras y viviendas sí se debe condenar, pues no son los efectos que hay que combatir sino las causas. Y esto que pasa hoy en Paysandú con cientos de familias es la consecuencia de lo subrayado”.
Fue así que aconsejaron a los ocupantes solicitar por escrito una entrevista a la intendenta departamental, Arq. Helena Heinzen, para plantear la problemática del grupo y las posibles soluciones, “en el marco de lo ya planteado por Fucvam en el 2008, estando dispuestos a acompañarlos en la entrevista”.
Asimismo ofrecieron su “apoyo total” para comenzar el proceso de formación de cooperativas de viviendas por ayuda mutua, así como “estudiar la posibilidad de participar en un Plan Piloto, en base al Proyecto de la Cooperativa de Isla Mala, con ayuda mutua y prefabricados hechos por los mismos socios, a un costo de U$S 15.000 por unidad, autogestionado y sin intermediación empresarial”.
También se acordó realizar una reunión con todos los representantes de los barrios de inundados, y “preparar acciones que eviten malos antecedentes, generados por medidas represivas en la aplicación de normas que criminalizan el acceso a la tierra o la vivienda en medio de la desesperación”.