Opinion | 07 Abr En un viaje de “generación espontánea”, como lo definió el canciller uruguayo Luis Almagro, el presidente José Mujica efectuó un viaje relámpago a la Argentina y se entrevistó con su colega Cristina Fernández, a efectos de abordar un temario diverso en una reunión en la que evidentemente hubo prioridades y aspectos informales que estuvieron arriba de la mesa.
La idea partió del propio Mujica, quien comunicó a Fernández de Kirchner su voluntad de conversar sobre algunos temas comunes, pero evidentemente el “gran” tema tiene que ver con el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que se conocerá el 20 de este mes, y que seguramente marcará de una u otra forma el futuro rumbo de las relaciones entre ambos países hermanos.
De acuerdo a los trascendidos, y que no fueron desmentidos, en este encuentro se han sentado las bases respecto a como administrarán los respectivos gobiernos el fallo que de a conocer la corte internacional sobre la instalación de la planta de Botnia y el bloqueo del puente “General San Martín”, sobre lo que se acordó que posteriormente habrá una reunión entre ministros de ambos países vinculados al tema y que los cancilleres serán los voceros.
La idea es administrar “de la mejor manera” las derivaciones de este fallo, sobre lo que indudablemente el gran punto a dilucidar tiene que ver con el bloqueo del tendido biancional por los activistas de Gualeguaychú, desde que como no podía ser de otra manera, ambos Estados serán respetuosos del veredicto, como corresponde al derecho internacional, desde el momento que ambos han comparecido con sus respectivas argumentaciones ante el tribunal y por lo tanto han asumido el compromiso de atenerse a su dictamen. Por supuesto, cuando hacemos referencia al derecho internacional surge inevitablemente la consideración sobre cual será esta vez la actitud del gobierno argentino, que hasta ahora se ha limitado a aconsejar y/o exhortar a los piqueteros a dejar sin efecto el bloqueo del puente, incluso por considerarlo como un elemento negativo para la propia negociación desarrollada en La Haya, pero a la vez, sobre todo en la primera etapa, el gobierno de Néstor Kirchner había justificado la iracundia de los activistas por considerar que el Uruguay había violado el Tratado del Río Uruguay y creado una situación de hecho en el río compartido. Claro, como la máquina que mató al inventor, la situación se le fue de las manos y en la propia Argentina, ya a más de tres años de aplicación de la medida de fuerza, crece la oposición a la medida y mucho más aún entre gran parte de la población de Gualeguaychú, que entiende que el bloqueo es contraproducente para el turismo y para el desenvolvimiento comercial de la zona, al punto que se ha creado un movimiento de comerciantes, que recibe cada vez más adhesiones, para que se deje sin efecto la medida de fuerza y cambiar de ángulo la lucha ambientalista.
Ocurre que la legitimación inicial tanto del gobierno provincial como del nacional envalentonó el movimiento y sobre todo a los sectores radicales de la asamblea, que son los que se han adueñado de la protesta y se han mostrado absolutamente intransigentes respecto siquiera a considerar la posibilidad de dejar sin efecto el bloqueo y adoptar otros métodos de lucha.
Jorge Fritzler, uno de los dirigentes más radicales del movimiento piquetero, ha reafirmado hace pocas horas, ante la inminencia del fallo de La Haya, que la solución al conflicto “pasa por desmantelar la planta de Botnia, y si se resuelve que se ha violado el Tratado del Río Uruguay, la pastera es ilegal y hay que desmantelarla”, lo que habla a las claras del grado de irracionalidad e iracundia que prima en el grupo.
A esta altura nadie puede dudar que los activistas no entienden más razones que las que surgen de su postura ultraradical, al punto que consideran que quien no comparte sus ideas es “servil”, comprado por Botnia o en el mejor de los casos un ignorante que debe ser “iluminado” en su pensamiento por quienes se consideran como los dueños absolutos de la verdad.
Ello explica que el gran desafío a tener presente en la etapa post fallo de La Haya, más que el acatamiento de ambos gobiernos al veredicto --que debería estar fuera de discusión--, es lo que va a hacer el gobierno argentino respecto a los piqueteros, un grupo que cree estar por encima del bien y del mal, y que hasta ahora se ha situado al margen de la ley sin que nadie se lo impida, por exclusiva omisión y responsabilidad de gobernantes que no han estado a la altura de las circunstancias.