Opinion | 08 Abr Recientemente el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, subrayó como uno de los objetivos prioritarios de su cartera la instrumentación del Plan Estratégico hacia 2030, apuntando a situar a Uruguay como polo logístico regional, aspectos sobre los cuales el secretario de Estado ha informado en las últimas horas a las cámaras parlamentarias.
Pintado ha expuesto el plan estratégico de su ministerio hacia el 2030 con el objetivo claro de ubicarlo en “una verdadera política de Estado”, para lo cual se espera contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuanto a los planes logísticos, en especial respecto a la renovación del sistema ferroviario y el proyecto de puerto de aguas profundas en Rocha.
La idea del plan, de acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, es convertir a Uruguay en un polo logístico regional, lo que implica entre otras acciones el fortalecimiento del Sistema Nacional de Puertos, así como también continuar con la idea de la segunda terminal especializada de contenedores, analizar las posibles ampliaciones del puerto de Nueva Palmira y fortalecer las inversiones en el puerto de La Paloma.
Uno de los aspectos fundamentales del plan conlleva el mantenimiento de la red vial, para lo cual se deberá estudiar el desarrollo de un transporte multimodal y el sistema de accesibilidad a los puertos y puntos de salida y de distribución a la región.
Igualmente significativa es la decisión política de contar con la participación de privados en asociación con el Estado para concretar las grandes inversiones necesarias para cumplir con estos objetivos, lo que a la vez conlleva promover la profundización de los contactos con los propios interesados a efectos de diseñar el esquema logístico que se debe el país para potenciar no solo la producción, sino también los servicios que es posible y necesario proporcionar a los operadores de la región al amparo de la ubicación estratégica del Uruguay.
Pero debe tenerse presente que las inversiones en este tipo de emprendimientos, a la vez de ser de muy elevado monto, requieren un proceso de varios años para definiciones, diseño de proyectos y ejecución, por lo que es impensable que cada gobierno lleve a cabo su propia visión al respecto, y cambiarla a los cinco años con cada administración, como si fuera una camisa. En este, como en tantos otros temas estratégicos para el país, es preciso acordar políticas de Estado y dejar de lado los cortoplacismos y las visiones fundamentalistas que hasta ahora han sido característica de nuestro subdesarrollo y manifestación de intereses político-ideológicos, para encarar grandes acuerdos interpartidarios que aseguren que las políticas se mantendrán cualquiera sea el partido al que le toque ejercer el gobierno.
Es decir, cambiar las recetas mágicas y las facturas políticas por actos responsables de gobierno, asegurando reglas de juego claras para los inversores como forma de asegurar el retorno para los emprendimientos de riesgo en el mediano y largo plazo, que es la única forma en que es posible encarar acciones sustentables para el desarrollo.
Y por cierto que en nuestro país existen notorias deficiencias en infraestructura para poder cumplir con este rol regional como vendedor de servicios logísticos, más allá de los pasos incipientes que se han dado por ejemplo para proporcionar desde los puertos de Nueva Palmira y Montevideo la salida al mar de los granos que se producen en Paraguay, Brasil y Bolivia, y que son transportados en barcazas por la Hidrovía Paraguay-Paraná, sin olvidar el mineral que se extrae de las minas del país del altiplano, teniendo además presente que esta conexión fluvial es asimismo un camino de ida y vuelta.
El déficit en materia de ferrocarril es una gran falencia del Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de nuestra riqueza agropecuaria se basa en producciones de gran volumen y bajo valor relativo, donde la conjunción del tren y el transporte fluvial deberían ser la apuesta para mejorar la competitividad y muchas veces hasta la propia viabilidad de los emprendimientos.
Es a todas luces beneficioso para el país, por lo tanto, que se busquen acuerdos para asegurar la instrumentación de políticas de mediano y largo plazo en el área logística, con proyectos debidamente identificados y dejando atrás megaobras desquiciadas que intentaron ejecutarse en su momento, como el puente Colonia–Buenos Aires, que iba precisamente en la dirección inversa al país productivo y descentralizado que nos seguimos debiendo los uruguayos.