Nadie es perfecto

Locales | 11 Abr (Por Enrique Julio Sánchez, desde Estados Unidos).- La reforma migratoria en Estados Unidos no tendrá apoyo excepto que se demuestre su pertinencia económica. Nada ha que conmueva más a los estadounidenses que el crecimiento de la economía. Y nada hay que los preocupe más que una crisis del sector. Quizás por eso actualmente las noticias de las guerras que lleva adelante el gobierno tienen menos difusión y discusión, desde que el principal tema de preocupación es la crisis económica, sus consecuencias y el largo tiempo que ha pasado sin que se hayan encontrado caminos reales de recuperación. Por eso, la iniciativa de unos doscientos empresarios de Illinois, que acaban de anunciar la formación de la alianza “Illinois Business Inmigration Coalition” para impulsar la reforma migratoria, podría ahora tener más apoyo que nunca antes. Es que la idea central que une a los empresarios es que estiman que darle estatus legal a millones de inmigrantes indocumentados representaría grandes ingresos a la economía de Estados Unidos. Esto no es ciertamente ninguna novedad, más bien un secreto a voces. Pero esta coalición empresarial tiene contundentes cifras para abrir la mente de los políticos, todavía temerosos del rechazo popular, tras años de inculcarle al ciudadano promedio que los inmigrantes a los que no se les ha otorgado documentos legales son “culpables”. La satanización del sector hace que una reforma migratoria sea difícil y complicada. Excepto si se la ingresa desde el sector económico, especialmente ahora, cuando los estadounidenses siguen perdiendo puestos de trabajo, sin pausa y aprisa. Los empresarios dijeron que la reforma generaría 1.500 millones de dólares a la economía estadounidense y 48.000 millones de dólares en ingresos fiscales en los primeros 10 años. Por el contrario, aseguraron, una deportación masiva costaría 2.600 millones de dólares. Encabezados por el ex gobernador del estado, Jim Edgar, los empresarios, acompañados de políticos locales y líderes comunitarios, dieron a conocer el pasado jueves su decisión de apoyar la reparación de un sistema de leyes de inmigración totalmente deficiente y ciego ante la realidad. Solamente en Chicago, los inmigrantes indocumentados suman el cinco por ciento de la mano de obra y deportarlos a todos costaría a Illinois 11.400 millones de dólares y la pérdida de casi 120.000 trabajos. Pedirle ese esfuerzo a los contribuyentes sería sin dudas disparatado. Especialmente porque los inmigrantes, aún sin documentos, ocupan puestos de trabajo totalmente necesarios para la economía. El ex gobernador, en un encuentro que se realizó en el centro empresarial Merchanse Mart, del centro de Chicago, expuso dos argumentos claves. Por un lado, que “los negocios necesitan la reforma ahora más que nunca para abrir nuestra economía a millones de nuevos consumidores”. Por otro, que “el gobierno federal está perdiendo mil millones de fondos provenientes de impuestos en aplicar programas de deportación que no funcionan”. Pero dijo “que muchos negocios en Illinois dependen de los inmigrantes con personalidad jurídica como mano de obra confiable y estable. Si el congreso quiere reactivar la economía, la reforma migratoria es un buen principio”. Por su parte, Billy Lawless, miembro de la Asociación de Restaurantes de Illinois, dijo que “la reforma es esencial para nuestros negocios” y “no necesitaríamos preocuparnos más por redadas y las ventajas para nuestra economía serían enormes”. Es que dentro del actual esquema inmigratorio, no hay una trayectoria legal para la gran mayoría de trabajadores que son necesarios en Estados Unidos. Y esa es la clave, son necesarios. Esto solamente ayuda a los empleadores sin escrúpulos, que aumentan sus beneficios aprovechándose de mano de obra barata de indocumentados vulnerables. Asimismo, la ampliación de programas como el E-Verify, previstos dentro de la visión de las actuales leyes inmigratorias, afectan a las pequeñas empresas que emplean cerca de la mitad de la mano de obra del país y han generado del 60 a 80 por ciento de los nuevos trabajos cada año durante la década pasada. Un informe del Inmigration Policy Center y del Center for American Progress, indica que la reforma permitiría ingresos de 1.200 millones en el consumo y 256.000 millones en inversión. Agrega que al propiciar ingresos personales más altos también se generarían familias con mayores posibilidades de consumo, cuyo gasto permitirá a la economía estadounidense crear entre 750.000 a 900.000 trabajos en el país y la permanencia de negocios hoy en peligro de desaparecer. Ciertamente, el camino que debe recorrer la reforma migratoria es todavía largo, pero no puede pasar desapercibido que la coalición empresarial parte de Illinois, el Estado donde Obama fue senador. No hay que descartar entonces, una acción “encubierta” de la propia Casa Blanca, para impulsar una de las promesas centrales del actual presidente. Como sea, la tarea aún aparece dura y compleja, especialmente porque el estadounidense promedio sigue sosteniendo que los inmigrantes sin documentos son ilegales, una palabra que crea inmediato rechazo en todos los ámbitos.