Opinion | 12 Abr A pocos días ya de que se dé a conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya, se manejan especulaciones en ambas orillas, pero sobre todo a partir de trascendidos que han dado a conocer medios periodísticos de Buenos Aires respecto a cuál sería el veredicto del organismo internacional, e indudablemente la mayor expectativa está centrada en la Asamblea Ambientalista de Gualeguay chú, donde de alguna forma se pretende que el fallo justifique la irracional e intransigente actitud de los activistas con el bloqueo del puente desde hace ya tres años.
Más allá del incidente en sí y el fallo, es notorio que los gobiernos y las fuerzas vivas de ambas orillas deben elevar las miras para trabajar en favor de la integración y de acciones impostergables que resultan fundamentales para el Uruguay y la provincia de Entre Ríos sobre todo, desde que pese a que se niegue tal extremo por voceros de organismos argentinos, las instrucciones de la cancillería del vecino país apuntan a que se deje todo en stand by en cuanto a coincidir en acciones bilaterales que refieran a la integración y al río Uruguay, incluyendo el dragado del tramo crítico para llegar a Fray Bentos y Concepción del Uruguay.
El planteo delirante de los activistas arrastró en su momento al gobierno provincial y al nacional argentino, al punto que se llegó al extremo de llevar el litigio a este tribunal internacional, que de acuerdo a su tradición rara vez otorga toda la razón a una de las partes y apunta en cambio a promover instrumentos de conciliación y recomposición de las relaciones. Por supuesto, esta tesitura colide con la de los activistas, que han apostado desde un primer momento al todo o nada, es decir al traslado de la planta Botnia-UPM, un verdadero “disparate”, como dijo recientemente el ministro del Interior Eduardo Bonomi, lo que seguramente es compartido por todos quienes tienen más o menos una idea de la magnitud de la cosa, y que además han descartado toda otra alternativa, incluyendo la posibilidad del monitoreo conjunto del estado de las aguas y aire de la zona, como en su momento propuso Uruguay y fue desestimado en la vecina orilla.
Pero ya la Argentina comenzó a dar señales de que no espera un fallo totalmente favorable en La Haya y aparentemente se conformaría con que se establezca que Uruguay incumplió el Tratado del Río Uruguay, --que en lo hechos se trata solo de un tecnisimos--, y que la planta de UPM quede “vigilada” por la Comisión Administradora del Río Uruguay y por el Programa de Vigilancia Ambiental argentino. Así, la jefa de la delegación argentina ante el tribunal internacional, Susana Ruiz Berrutti, manifestó en una entrevista al diario El Argentino que “confiamos en que la Corte diga que Uruguay violó el estatuto”, y evaluó que un fallo en este sentido significaría que “la vida de la empresa, su funcionamiento y la influencia que pueda tener sobre el río deberá estar vigilada por la Comisión del Río Uruguay, la Argentina y el Programa de Vigilancia Ambiental que aplica”.
Admitió asimismo que “la corte puede llegar a decir que no se viola la obligación de no contaminar, pero bastaría con que diga que el emprendimiento debe regirse por el estatuto, para que tenga que someterse al mismo. Esa situación no sería un cheque en blanco para que la empresa pueda hacer lo que quiera”.
Olvida la jurista que esta ha sido precisamente la posición de Uruguay desde el primer día del conflicto y que nuestro país --como lo ha sostenido y confirmado a través del seguimiento que se ha realizado a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y una comisión específica creada a esos efectos-- es el principal interesado en que la fábrica no afecte el ecosistema, lo que surge de los muestreos practicados hasta ahora y del hecho contundente de que la planta se rige por las estrictas normas de la Unión Europea respecto a niveles de contaminación.
Por ende, no le duelen prendas al Uruguay en cuanto a aceptar términos que han sido precisamente los propuestos por su delegación en más de una oportunidad y rechazados sistemáticamente por la Argentina ante la presión ejercida por los activistas de Gualeguaychú, que según han expresado sus voceros más radicales no están dispuestos a aceptar ni acatar ningún fallo que no sea el que determine que Botnia debe relocalizarse. Ante esta intransigencia infantil expuesta desde un primer momento y confirmada incluso cualquiera sea el dictado del organismo internacional, el gran desafío para ambos gobiernos será procesar el fallo en el marco del derecho internacional y de entendimiento y amistad que ha caracterizado las relaciones ente ambas orillas. En este sentido la piedra en el zapato la constituye evidentemente la insistencia de los fundamentalistas en mantener como sea el bloqueo del puente “General San Martín”, y que seguramente ahora van a tratar a toda costa de ponerse como víctimas, en cuanto se insinúe siquiera que puedan ser desalojados de la ruta.