Opinion | 14 Abr Con el objetivo de lograr un ahorro de entre el tres y el cinco por ciento, el Poder Ejecutivo aprobó en las últimas horas un decreto que establece normas para reducir el consumo en dependencias estatales, y a la vez incorporar elementos, como el recambio de lamparitas incandescentes, para una mayor eficiencia energética, en el marco de la política anunciada en su momento de abatir el consumo de electricidad y sobre todo superar los cuellos de botella que provienen de las demandas pico, que atosigan la capacidad de generación.
En este caso el ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, tras la reunión en Consejo de Ministros, explicó que las medidas se extenderán hasta 2012, y que tienen un aspecto ético y otro económico, por cuanto desde el punto de vista ético “la sociedad económica mundial aumenta de forma creciente su consumo de bienes y servicios, lo cual implica un incremento en el uso de los recursos naturales, propios de una sociedad de consumo que tenemos que modificar” y desde el punto de vista económico “el ahorro energético estatal de consumo será de entre el tres y el cinco por ciento”.
La alusión al punto de vista ético seguramente se inscribe en una tónica mundial en la que participan naturalmente de una u otra forma todos los países, aunque es notorio que los grandes predadores de recursos son las grandes potencias, que abusan de su capacidad de consumo en base a poder adquisitivo y desarrollo tecnológico que les asegura mejor calidad de vida en base al uso indiscriminado de los recursos naturales.
Pero la incidencia de Uruguay en este esquema global es muy menor, y los problemas energéticos que nos afectan son exclusivamente de orden interno, que se traducen a la vez en una gran vulnerabilidad a los factores externos, como el precio del petróleo, y una insuficiente generación para atender picos de demanda o hacer frente a eventos naturales como las sequías.
Existen por lo tanto, mucho más que un componente ético para adoptar estas decisiones, elementos como la improvisación y los cortoplacismos que nos han llevado a esta situación, y a medidas paliativas como el decreto a que nos referimos. Entre otros aspectos la medida precisamente contempla que cada organismo del Estado deberá presentar y acordar ante el Ministerio de Industria un plan racional de energía, para reducir su consumo a partir de los primeros días de setiembre. Keimerman subrayó que “ el Estado comienza dando el ejemplo”, en tanto adelantó que habrá sanciones para aquellos que no cumplan con las especificaciones.
Paralelamente, en breve se prohibirá la compra y utilización de lámparas incandescentes por el Estado, que en cambio adquirirá equipos eficientes y vehículos de cilindrada menor a los 1.800 centímetros cúbicos, con excepciones por razones de servicio, apuntando a marcar el camino para los operadores privados y el ciudadano común.
Pero claro, los ejemplos que da el Estado nunca son positivos, por cuanto de poco y nada va a servir el anuncio de estas medidas de contención del consumo, si a la vez todos los uruguayos vemos día a día, sin que nadie tenga que contárnoslo, como en dependencias del Estado, lejos de ahorrar, se manejan estas cosas como si fueran bienes de difunto, sin rendir cuentas ante jerarcas que también actúan dentro de esta misma tesitura y por lo tanto tampoco se preocupan por exigir.
Y así, todos sabemos que si aún en el mejor de los casos se logra un cinco por ciento de “ahorro” en el Estado, por otro lado existe un sobreconsumo y gasto superfluo inmedible pero que seguramente multiplica este magro porcentaje, porque así funcionan las dependencias estatales, en las que nadie se siente responsable ni obligado a nada que no sea más o menos cumplir con la tarea asignada, pero tampoco sin estar muy exigido al respecto, aunque siempre hay excepciones que confirman la regla.
En el sector privado, en cambio, la búsqueda de la eficiencia y de bajar costos forma parte de su núcleo vital, para poder competir en el mercado y subsistir, por lo que el ahorro que se pregona ya está más o menos instalado en la enorme mayoría de las empresas y población, y lo que se logre en este sentido será a costa de sacrificar a veces aspectos relacionados con su mejor desenvolvimiento y con el ámbito laboral. Las señales del Estado, además del ahorro propio deben involucrar sobre todo el generar condiciones para que los actores privados, los sectores reales de la economía, cuenten con facilidades de acceso e instrumentos para mejorar la eficiencia energética, como es el caso de exonerar o reducir impuestos para importar y/o fabricar aparatos y equipamiento que se inscriba en estas condicionantes, así como materiales aislantes y equipos para aprovechamiento de energías renovables, que son los que realmente van a hacer la diferencia.