Locales | 16 Abr Existe “ambiente” en el Senado para derogar o por lo menos modificar la ley 18.187 cuestionada por los colonos que compraron tierras antes de la aprobación de la Ley 11.029 de 1948 que creó el Instituto Nacional de Colonización, destacó a EL TELEGRAFO el diputado Luis Alberto Ziminov, quien está actuando en la Cámara de Representantes ante el uso de licencia del titular Walter Verri. Este a su vez ha efectuado gestiones sobre el punto y anunció que la bancada del sector va a seguir trabajando para que la ley sea derogada.
El integrante de Vamos Uruguay explicó que el sector se ha ocupado de esta problemática desde que surgió el cuestionamiento de los colonos a esta normativa, que afecta su derecho a propiedad al limitar la disponibilidad de los predios, al punto que desde la entrada en vigencia de la norma prácticamente no se han podido concretar operaciones de compra-venta de estas tierras.
Precisó Ziminov que “evidentemente creemos que hay ambiente para derogar esta ley, que fuera aprobada en octubre de 2007, con la oposición manifiesta de los colonos, porque consideran que es una mala disposición legal, confiscatoria y que tiene acción retroactiva hacia todas aquellas fracciones del INC que creó la ley 11.029. Pero también han quedado comprendidas las tierras del Banco Hipotecario anteriores a 1948, que fue el año de la creación del instituto”.
“Es así que se daba el caso de que había productores que habían comprado legítimamente antes de 1948 --y se trata de tierras que incluso en muchos casos han sido vendidas dos o tres veces--, que también se verían afectadas en su propiedad”·, apuntó. “El Parlamento ha ido prorrogando el plazo para la inscripción de los campos en el INC, el último de los cuales vence el 31 de mayo, y nosotros en Vamos Uruguay habíamos asumido un compromiso muy claro a través de Pedro Bordaberry y sus asesores, de que cuando asumiera el nuevo Parlamento íbamos a trabajar firmemente para derogar esta ley”, expuso.
“Y bueno, todo indica que hay acuerdo en el Parlamento y el gobierno también estaría dispuesto a que la ley se derogue, porque seguir prorrogándola y el hecho de haberlo postergado desde octubre de 2007 hasta ahora muestra que la solución no es buena y que la ley no puede ser aplicada. Si el gobierno estuviera convencido de que es buena y que puede ser aplicada, la ley ya habría entrado en vigencia, pero no es así, por lo que creemos que la solución va a pasar por derogarla en el Parlamento”, apuntó.