Opinion | 11 Abr La burocracia en los organismos del Estado, sufrida por todos los ciudadanos que deben comparecer por la causa que sea ante sus dependencias –de lo que lamentablemente no se escapa ninguna persona o empresa—llega a límites que resultan muy difíciles de describir, al alcanzar muchas veces niveles de irracionalidad absoluta, con total desconsideración y hasta desprecio por el contribuyente o ciudadano común que no tiene otra alternativa que afrontar lo que pase, o meter violín en bolsa y renunciar a sus derechos.
Ocurre que jerarcas y funcionarios tienen todo el tiempo del mundo para inventar requisitos y trámites, posiblemente para justificar el horario que cumplen, en el mejor de los casos, en tanto quienes sufren su peregrinar ante la sucesión de mostradores inventados para complicar la existencia de los demás deben perder horas y muchas veces días para salir con el trámite más o menos cumplido, con suerte.
Entre otros innumerables ejemplos tenemos lo que ocurre con la tramitación impuesta por OSE para los proveedores, incorporando no solo elementos que supuestamente le sirven para sus controles internos, sino también superponiendo exigencias con otros organismos, como la Dirección General Impositiva, en la tesis de que cuanto más complicado y difícil para el contratante, mucho mejor, en una suerte de competencia diabólica para ver quien entorpece más a quienes caen creyendo que deben seguir pasos ajustados al sentido común.
El ente mencionado establece como norma sine qua non para quienes pretenden cobrarle facturas, que no pueden presentarlas después del 26 de cada mes, por lo que no existe, para su propia comodidad, suponemos, el siguiente período que va hasta fin de mes, y definitivamente se devuelven sin pagar, para que se entreguen en otra oportunidad, las facturas que son presentadas con posterioridad a esta fecha, en una clara violación de las normas que regulan la relación comercial. Encima, se hace que el documento que se emita en ese período sea transferido para el mes siguiente, afectando por lo tanto la propia normativa de la Dirección General Impositiva, desde que lo que se factura en la realidad en determinado mes se debe transferir para el siguiente por la sola voluntad y sobre todo comodidad de OSE.
También se inscribe en esta tesitura de requisitos burocráticos a contramano del sentido común y peor aún, del tiempo e interés de los usuarios, la exigencia de Antel de presentar documentos y facturas dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de emisión, lo que puede parecer un tema menor o secundario en el caso de Montevideo, pero que es asbsolutamente desconsiderado con el Interior y peor aún con el interior departamental. Tenemos así que un contratante de Merinos, de Arroyo Malo, por mencionar solo dos lugares conocidos por todos los sanduceros, debe salir despavorido con la conducción que pueda conseguir para llegar a Paysandú --imaginemos un lugar en el que el servicio de ómnibus sea solo de una a dos veces por semana— para intentar que su documentación llegue a Montevideo dentro de las 48 horas fijadas arbitrariamente, solo para satisfacer una exigencia que se le ocurrió a algún burócrata desde la comodidad de su sillón, que seguramente considera como el ombligo del mundo, y como tal “inventó” la fecha de vencimiento para las facturas, a contrapelo de todo lo establecido en las normas comerciales.
Y si el sufrido ciudadano tiene la mala suerte de que su papelería no ingresó en tiempo y forma por los canales dispuestos por el ente, tendrá como castigo inevitable el rechazo del documento y consecuentemente deberá reintentar todo el proceso, cualquiera sea el lugar en que se encuentre, o en todo caso, pensar en algún artilugio al margen de la normativa para fechar el documento teniendo en cuenta el tiempo establecido por el organismo, para ahorrar las peripecias a las que es sometido por imposición de normas absurdas.
Estas son apenas dos perlas de un largo collar en el que son muy pocas las dependencias estatales que se salvan y no porque sean eficientes, por supuesto, sino porque como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey, y han aplicado por lo menos alguna lógica elemental, tal vez poniéndose alguna vez en el lugar de quien está del otro lado del mostrador.
Pero claro, estamos en el Uruguay, donde la reforma del Estado es mala palabra para la burocracia, que sigue parasitando al país real, a las empresas y a los ciudadanos que a diario deben dar lo mejor de sí, ser eficientes y aprovechar el tiempo lo mejor posible para subsistir y avanzar, pese al contrapeso de un aparato estatal que se resiste a cambiar, para no poner en riesgo sus privilegios.