Opinion | 20 Abr Hoy se conocerá por fin el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre la controversia uruguayo-argentina respecto a la instalación de la planta de celulosa de Botnia-UPM, acontecimiento que es precedido de especulaciones en ambas orillas respecto al veredicto en sí, pero sobre todo a partir de cual sería la postura del gobierno argentino respecto a la medida de fuerza de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, donde de alguna forma desde hace ya tiempo se está abriendo el paraguas para pretender justificar por qué se habrá de desconocer todo fallo que no sea de su entero agrado y argumentar a favor de que se continúe con el bloqueo del puente, que lleva ya más de tres años.
Pero claro, una cosa son los fundamentalistas y su soberbia, que no entiende de más razones que sus delirios de atribuir todos los males del mundo a la planta de celulosa de Botnia y actuar en consecuencia, y otra el sentir de los gobiernos y las fuerzas vivas de ambas orillas, que deben velar por el interés general y trabajar en favor de la integración.
Lamentablemente, a partir de este conflicto, que tuvo un efecto de arrastre altamente perjudicial para la relación bilateral, el gobierno de Buenos Aires ha adoptado decisiones negativas y tratado de ejercer presión sobre el Uruguay para que desistiera de su respaldo a la instalación de la fábrica. Así, ha instruido a través de su cancillería a dejar en el congelador todo proyecto pendiente o en ejecución en el marco de acciones bilaterales que refieran a la integración y al río Uruguay, incluyendo el dragado del tramo crítico del río para llegar a Fray Bentos y Concepción del Uruguay, lo que paradójicamente terminó perjudicando más a los puertos de Entre Ríos que a nuestro país.
El planteo irracional de los activistas involucró en su momento al gobierno provincial y al nacional argentino, y así se llegó al extremo de llevar el litigio a este tribunal internacional.
Pero cualquiera sea el fallo que se de a conocer hoy, difícilmente vaya a conformar a los activistas, que han apostado desde un primer momento a que se haga lugar a su única verdad, que conlleva el traslado no negociable de la planta Botnia-UPM a donde sea pero lejos del río Uruguay, que consideran casi propio.
Pese a la cautela, las señales en ambos gobiernos indican que no se espera un fallo totalmente favorable a una de las partes en La Haya, y eventualmente podría darse que se establezca que Uruguay incumplió el Tratado del Río Uruguay, y que la planta de UPM debería quedar “vigilada” por la Comisión Administradora del Río Uruguay y por el Programa de Vigilancia Ambiental argentino.
Así lo dio a entender recientemente la jefa de la delegación del vecino país ante el tribunal internacional, Susana Ruiz Berrutti, al señalar que “confiamos en que la Corte diga que Uruguay violó el estatuto” y evaluó que un fallo en este sentido significaría que “la vida de la empresa, su funcionamiento y la influencia que pueda tener sobre el río deberá estar vigilada por la Comisión del Río Uruguay, la Argentina y el Programa de Vigilancia Ambiental que aplica”.
Debe tenerse presente que esta ha sido la posición de Uruguay desde el primer día del conflicto, y que nuestro país es el principal interesado en que la fábrica no afecte el ecosistema, lo que surge de los estudios practicados hasta ahora y del hecho contundente de que la planta se rige por las estrictas normas vigentes en la Unión Europea respecto a niveles de contaminación, así como de las apreciaciones de los vecinos de la ciudad más cercana a la planta, que no es la lejana y mediterránea Gualeguaychú sino Fray Bentos, ubicada justo sobre la margen del río.
En este contexto, debe valorarse la decisión de los presidentes de ambos gobiernos de reunirse una semana después de conocido el fallo para acordar la forma en que será procesado y sobre todo pensar en el futuro de las relaciones bilaterales por encima de este episodio, teniendo en cuenta el deterioro que se ha registrado todos estos años por la apuesta de los vecinos a contemplar a los fanáticos de Gualeguaychú en sus medidas de lucha para doblegar la postura de Uruguay. Este es el gran desafío para ambos gobiernos, pero sobre todo para el que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido en extremo permisivo y hasta alentado las violaciones al estado de derecho por los activistas, cada vez más aislados en el contexto regional e internacional al punto que hasta la reconocida organización ambientalista Greenpeace terminó desestimando, pero dominado por un grupúsculo “duro” que sigue aferrado a sus delirios y arrogándose una representatividad que no tiene.