Opinion | 18 Abr Una de las características de nuestro Estado, aparte de la renuencia a los cambios de quienes lo integran, sobre todo de las agremiaciones de funcionarios públicos que defienden sus intereses, es interponer su burocracia en sus respectivos ámbitos y vericuetos para oponerse a las decisiones políticas del gobierno de turno, tan pronto detecta o asume que se pretende vulnerar la “impenetrabilidad” de su maraña y tener algún conocimiento de como se procesan internamente las cosas.
No puede extrañar entonces que desde la administración estatal nunca se haya visto con buenos ojos el intento de que el ciudadano común pueda tener por lo menos algún conocimiento de lo que ocurre puertas adentro a través de la aplicación de la la Ley de Acceso a la Información Pública.
De acuerdo a un relevamiento de abogados del estudio jurídico Rueda Abadí y Pereira, solo el 24 por ciento de los organismos del Estado cumplen íntegramente con lo que establece la ley. Según la información que al respecto proporciona el diario El País, entre los organismos incumplidores, cuatro están completamente omisos en brindar en su página web la información requerida por la ley y el resto solo cumple con uno o más de los siete puntos obligatorios.
De acuerdo a lo establecido por la norma vigente desde noviembre de 2008, la información pública es “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales, en tanto la ley también habilita a cualquier persona a reclamar acceso a la información en poder del Estado, sin necesidad de especificar el motivo que genera su pedido”.
Por la ley 18.381 se creó asimismo la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que depende directamente de la Presidencia de la República. La información a proporcionar a través de Internet incluye la estructura orgánica de la dependencia, sus facultades administrativas, la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria de sus funcionarios, información sobre su presupuesto y concesiones y permisos otorgados, especificando los beneficiarios.
Empero, las tres cuartas partes de los organismos públicos incumplen esta normativa, que ya lleva un año y medio de vigencia, pese a que han tenido sobrado tiempo para instrumentar los procesos de suministro de información y, lo que es peor aún, tampoco existe convencimiento en el gobierno de que se ha hecho algo que realmente valga la pena a través de esta ley, por cuanto no se está controlando debidamente su aplicación.
Y si alguien eventualmente se ocupa de verificar que realmente se cumpla, parece que igualmente no le importa mucho que se esté en omisión y que corresponda poner en vereda al organismo omiso, a juzgar por los resultados, lo que reafirma la actitud tan arraigada en nuestros legisladores y gobernantes de creer que basta con sancionar una ley para que se resuelva automáticamente el problema para el que fue creada.
También aparece como una disposición “pour la galerie” y para salvar las apariencias ante esta realidad que la normativa establezca para los jerarcas que, sin que se les haya reclamado información considerada “reservada” o “confidencial”, desestimen un pedido de acceso. En estos casos se prevé la posibilidad de iniciar acciones tanto en la órbita de la Justicia Civil como Penal.
Evidentemente, la transparencia es y será por mucho tiempo una mala palabra para la burocracia estatal, que se nutre precisamente de hacer lo más difícil posible que el ciudadano sepa lo que ocurre y mucho menos que el funcionario público esté a su servicio. Ahora, la legítima interrogante que se abre es que si ni siquiera se ha hecho cumplir una norma aprobada hace casi dos años, simplemente para brindar información en la web de lo que se hace en determinados organismos, cómo se hará para hacer realidad la reforma del Estado que se necesita imperiosamente y se menciona rcurrentemente en los discursos, cuando la burocracia sigue olímpica y nadie se atreve hincarle el diente para hacer que por lo menos las cosas empiecen a cambiar.