Opinion | 20 Abr Un análisis del Estudio Ferrere indica que debido a la aplicación de una fuerte carga impositiva, Uruguay tiene los automóviles más caros del mundo, lo que parte del viejo concepto arraigado por décadas en nuestro país de que es un artículo de lujo y que como tal debe ser tratado desde el punto de vista de los impuestos.
Los profesionales de este grupo señalaron que mientras en el Uruguay el 49 por ciento del precio de los vehículos corresponde a impuestos, en el caso de España este carga es del 27 por ciento, en Chile el 21 y en Canadá el 14.
Como ejemplo, indican que mientras un Suzuki Swift se vende a 11.500 dólares en Chile, en el Uruguay se comercializa a 24.000 dólares, en los dos extremos de una escala en la que siempre Uruguay está arriba por la carga impositiva.
Los sucesivos gobiernos han considerado a los vehículos como una fuente inagotable de ingresos, por tratarse precisamente a su juicio de un artículo suntuario, y han establecido una escala de impuestos que le ha dado este tratamiento “especial”. Consecuentemente han creado un costo irreal, sobre el que además se aplican alícuotas para el pago de patentes, seguros, etcétera.
La consecuencia ha sido que su elevado precio los deje muchas veces fuera del alcance de familias de ingresos promedio, que con el paso de los años, en el mejor de los casos, van subiendo de valor en el recambio de vehículos usados hasta eventualmente llegar al cero kilómetro al cabo de veinte o treinta años de trabajo, para encontrarse a la vez con que el costo de patente, seguros y mantenimiento les significa una carga muy gravosa mes a mes. A la vez sobre esta escala artificial de valores de cero kilómetro se sustenta el mercado de usados. De esta forma unidades que ya deberían destinarse a chatarra terminan costando fortunas, y así llegamos a tener un parque automotor envejecido, mal mantenido y con serios problemas en seguridad.
Es así que estamos pagando un duro precio en vidas humanas y siniestralidad por deficiencia en elementos de seguridad, en gran medida a causa de la voracidad fiscal.
Es decir que cuando se pone énfasis en campañas sobre manejo seguro y defensivo, el propio Estado conspira contra la seguridad de sus ciudadanos al empujarlos a mantener este parque automotor envejecido, con escaso porcentaje de airbags, ABS o sistema de frenos antibloqueo, que son elementos de seguridad obligatorios en el primer mundo al que se pone de ejemplo en las estadísticas. Y peor aún, la población de menores recursos solo puede acceder a motocicletas y de baja calidad, por lo que quienes menos tienen son los que sufren las peores consecuencias en caso de un siniestro.