Locales | 22 Abr El edil nacionalista Rubens Francolino actualiza la suma de un planteo que originalmente realizó e incluso reiterara en la Junta Departamental, cuando afirma: “creemos que un mínimo jubilatorio debería situarse en los 7.000 pesos, suma que ya perciben otros jubilados y pensionistas en países de la región, como ocurrió recientemente en Argentina. Buscando más argumentos en nuestro país podemos referirnos a que el gobierno ha fijado en alrededor de 4.500 pesos el nivel de máxima pobreza, reconociendo de tal forma que con la miseria que reciben los jubilados y pensionistas uruguayos, no se puede vivir dignamente. Todas estas apreciaciones bajo la amenaza de una inflación que puede hacer más insoportable todavía, en lo que resta del año, la subsistencia alimenticia de cientos de miles de familias uruguayas. Por lo que solicito que mis palabras pasen al Banco de Previsión Social, juntas departamentales del resto del país y a los medios de difusión”. Dentro de sus argumentaciones el edil recordó que “se van a cumplir diez años de una edición de EL TELEGRAFO que tengo ante mis ojos, donde en nota destacada leía ‘según el edil Francolino el tema social más grave del país, es el desamparo de los jubilados y propone un mínimo jubilatorio de 3.000 pesos’. Eran momentos en que marcábamos una presencia más activa en el organismo (de la seguridad social), alentados por el deseo de ser comprendidos por todos los ediles debutantes que sabrían valorar las buenas intenciones del planteamiento y procurar juntos reunir la fuerza necesaria para conducirlo (al planteamiento) a buen fin”.
Añadió también que “en las postrimerías del presente ejercicio y salteando los insistentes reclamos de una jubilación mínima decorosa, luego de una década la suma de entonces sería un insulto. Creo que es oportuno mantener la insistencia sobre el tema, teniendo en cuenta que a la llegada de este planteamiento el BPS ya tendrá otra composición, aunque se mantenga la figura de Ernesto Murro, quien en su momento llegó a sostener que las soluciones como ésta dependían más de los recursos que ‘de la voluntad política’, con la noble pretensión de lograr 7.000 pesos de jubilación mínima en el Uruguay”.