Opinion | 19 Abr La divulgación a través de Internet de fotografías de un menor internado en el Instituto del Niño y Adolescente (INAU) por su participación en el asesinato del hincha de Aguada, Rodrigo Núñez, volvió a encender la polémica respecto a la capacidad del órgano rector de la minoridad para contener a los adolescentes considerados peligrosos. Sindicado en primera instancia como autor inimputable de homicidio, el menor, conocido en los medios como Vladimir, fue enviado al Hogar Cimarrones de la capital del país tras iniciársele un proceso infraccional por “riña con resultado de muerte”. Más tarde, amparándose en un programa especial dirigido a quienes son capaces de introducirse al mercado laboral, el interno, bajo condiciones especiales, comenzó a usufructuar salidas transitorias pero violó el régimen y se trasladó a Maldonado, donde -según el documento fotográfico- participó en una reunión. La transgresión provocó la inmediata reacción de la defensa de los familiares de Rodrigo Núñez y ahora la situación volverá a dilucidarse en la órbita judicial, donde por estas horas se investiga si efectivamente el interno cumplía con sus obligaciones laborales en una cadena de supermercado.
El episodio vuelve a minar la confianza de la sociedad en el desempeño y las capacidades del INAU. Si bien uno de los principales cometidos de la institución es brindar contención a la minoridad en situación de riesgo, también debe cumplir cabalmente cuando la Justicia le asigna la responsabilidad de contener a un adolescente considerado peligroso. El tema de la minoridad infractora, recurrente en los programas de gobierno, ha sido un verdadero dolor de cabeza para la administración frenteamplista y los pronósticos, a pesar de los esfuerzos, no son alentadores. Quizá sea tiempo de un cambio de paradigma. La coyuntura supera las posibilidades de un organismo que enfrenta grandes dificultades para cumplir su función y la sociedad, en todo su derecho, sigue reclamando políticas efectivas, tanto para la rehabilitación de los menores como capaces de proteger a una población cada día más acorralada por el delito.