Opinion | 19 Abr Al mermar sustancialmente el caudal del río Uruguay, con su consecuente repercusión negativa en el embalse de la represa de Salto Grande, UTE está apelando nuevamente a la generación térmica y ha puesto en marcha los ocho nuevos motores de la Central Batlle, así como otras dos unidades más antiguas y de mayor consumo de esta central. Asimismo ha apelado a incorporar al parque generador a la mitad de los motores de la central de Punta del Tigre, y de esta forma completa unos 400 megavatios de origen térmico ante la coyuntura adversa.
El común denominador de este parque térmico radica en que es impulsado exclusivamente por derivados del petróleo, lo que implica un alto costo de generación para el ente y por tanto para todos los uruguayos, que pagamos mes a mes en nuestras facturas el plus que significa producir con petróleo en nuestro país.
La decisión del organismo se justifica por sus autoridades en la necesidad de mantener reservas de agua en los embalses de las represas hidroeléctricas del río Negro para los picos de demanda que se registran durante el invierno, y teniendo en cuenta sobre todo que la represa de Salto Grande no tiene reservorio de agua para turbinar más que por unos pocos días.
Ello da la pauta de que nuestro parque generador está sujeto a los avatares de las lluvias en las cuencas de los embalses, lo que no es ninguna novedad, pero sobre todo expuesto a las alternativas de los precios del petróleo, que se han recuperado de su caída durante la crisis internacional y siguen por encima de los ochenta dólares del barril.
Esta necesidad de importación de crudo significa que el país debe afectar centenares de millones de dólares al año para impulsar los motores de las centrales termoeléctricas, que es dinero que se va del país para no retornar y lo que es peor, continuar siendo vulnerables y expuestos a que cualquier salto en el precio del petróleo se convierta en detonante de una crisis energética interna.
Este escenario no es un elemento nuevo en el Uruguay, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo, porque se ha improvisado sucesivamente por los respectivos gobiernos en el área energética, procurando imponer cada uno su receta sin ninguna continuidad y mucho menos en el marco de una política de Estado que es vital sobre todo en esta área estratégica.
Las consecuencias de esta ausencia de políticas de Estado nos ha llevado a la situación que estamos padeciendo desde hace años, es decir una marcada insuficiencia de respaldo de generación para cuando se registra falta de agua en las represas, que es preciso suplir mediante el uso de las mencionadas centrales en base a petróleo y/o importando electricidad desde los países vecinos, a precios aún más caros que los de nuestra generación térmica.
Sin dudas que ante estas coyunturas surge inmediatamente la interrogante de por qué nos encontramos en esta situación, cuando contamos con muy buena disponibilidad de energías alternativas para mover generadores, como es el caso de desechos forestales y el aprovechamiento del viento en determinadas zonas del territorio nacional. En el caso de los desechos, es notorio que su quema ofrece un amplio campo para impulsar generadores en zonas estratégicas de fuerte impulso forestal, y en el de los aerogeneradores ya hay experiencias muy significativas con parques eólicos en marcha, aunque todavía con un desarrollo incipiente.
Lamentablemente, mientras una y otra vez voceros del Poder Ejecutivo, ya desde el gobierno anterior, han reafirmado su voluntad de incorporar plantas generadoras en base a estos impulsores alternativos, en las autoridades de UTE se ha actuado con excesiva cautela –por decir lo menos-- en cuanto a ofrecer condiciones que faciliten la inversión de actores privados en esta área, al punto que desde hace tres años está en marcha una licitación para incorporar 60 megavatios de generación por biomasa, cuando el gobierno ha fijado como meta para el quinquenio incorporar unos 500.
Así, por diferencia de precios de dos o tres dólares por megavatio se dejaron afuera proyectos como el de Azucarlito para suministro firme de electricidad en base a biomasa, y en cambio se paga varias veces este valor cuando se importa energía desde países vecinos o se produce en base a petróleo, lo que denuncia la visión contradictoria y perjudicial para los intereses nacionales con que se ha manejado el tema por UTE.
A esta altura nadie puede dudar que es a todas luces un imperativo y una decisión estratégica vital para el país el dejar de lado las consideraciones que nos han llevado a esta situación y acelerar lo más que se pueda este proceso de reconversión energética.