Opinion | 22 Abr Hace pocas horas, el mismo día en que se daría a conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre la controversia uruguayo-argentina respecto a la instalación de la planta de celulosa de Botnia-UPM, nos ocupábamos en este espacio de opinión de las especulaciones que circulaban en ambas orillas respecto al veredicto, pero sobre todo a partir de cuál sería la postura del gobierno argentino respecto a la medida de fuerza de la Asamblea Ambientalista de Gualeguay-chú, dominada por un grupo de fanáticos que se ha encerrado en su “verdad” exclusiva y que no acepta siquiera discutir otra opinión, venga de donde venga.
Incluso señalábamos que el grupo de activistas desde hace ya tiempo estaba abriendo el paraguas para pretender justificar por qué se habrá de desconocer todo fallo que no sea de su entero agrado y argumentar a favor de que se continúe con el bloqueo del puente, que lleva ya más de tres años.
Lamentablemente, estas evaluaciones previas se han confirmado a partir ya de la transmisión en directo urbi et orbi del fallo de la Corte Internacional, cuando tras los aplausos por dictaminarse que Uruguay no cumplió al pie de la letra lo establecido por el Estatuto del Río Uruguay, los activistas pasaron al llanto, a los silbidos y al grito destemplado para exteriorizar no solo su disconformidad con el fallo, sino para acusar de “corruptos” y “vendidos” a los mismos jueces que habían aplaudido, lo que da la pauta del grado de irracionalidad y pasión que han puesto en su “causa” seudoambientalista. Claro, no podían aceptar así no más que la Corte proclamara tajantemente que la planta puede seguir operando porque no contamina, cuando desde un primer momento la “lucha” se pretendió justificar en el supuesto de que la industria era un factor degradante de la calidad de las aguas y el aire de la zona, al punto de que en poco tiempo ya se vería sus consecuencias sobre la flora y fauna del río, afectación del turismo y toda suerte de males sobre la población de Gualeguay-chú. Incluso cada mancha que se ha visto en el río, hasta el sarpullido que afectó a bañistas de Ñandubaysal, en plena crecida, cuando el balneario debía haber estado inhabilitado, y que al parecer fue consecuencia del desborde de las propias piletas de saneamiento de Gualeguaychú, fue manejado por los activistas y algunas autoridades y medios de comunicación provinciales irresponsables como una consecuencia de la actividad de la planta, lo que luego fue descartado por los análisis, pero nunca debidamente publicitado. Ante este escenario, nos encontramos ya en el planteo del “día después”, tras un pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya que pretendió ser equilibrado sin dar totalmente la razón a ninguna de las partes, para que se procesara luego todo en la negociación bilateral, como debe ser, entre las cancillerías y los propios presidentes, llegado el caso.
Ocurre que la postura tolerante de la Administración Kirchner y del gobierno provincial entrerriano, incluso alentando el bloqueo, ha sido el factor distorsionante en este diferendo bilateral, y el nudo gordiano para que ambos países retomen la senda de la recomposición de relaciones que permita revertir un distanciamiento que perjudica a los pueblos de ambas orillas, que han quedado presos de los radicales y los intolerantes, los mismos que en lugar de alzar los brazos al cielo y dar gracias porque Botnia no contamine --y no es amenazada por lo tanto la salud de los habitantes de Gualeguaychú, como decían-- han estallado en improperios y amenazas porque Botnia “tenía” que contaminar, lo que pone de relieve que estamos ante fundamentalistas a los que importa un comino la verdad si ésta no se ajusta a la que ellos dicen que debe ser.
Ambos gobiernos deben tomar nota, sobre todo el argentino, de que cuando se habla del respeto al derecho internacional, no estamos ante palabras huecas, y que de la misma forma en que se argumentó para llevar el planteo de la violación del Estatuto del Río Uruguay a La Haya, la omisión y la complicidad de las autoridades de la vecina orilla ante el bloqueo del puente “General San Martín” es violatorio del acuerdo del Mercosur sobre la libre circulación de bienes y personas. Es decir que ya no hay espacios para seguir haciéndose los distraídos ante un flagrante y persistente –nada menos que tres años-- atropello al derecho y al ordenamiento legal por un grupo de delirantes que jamás admitirán que han estado equivocados y que han saturado hasta a quienes hasta hace poco todavía querían creer en su causa.
Y sin dudas, este es el nudo a desatar por los presidentes de ambos gobiernos cuando se reúnan dentro de una semana para recomponer las relaciones bilaterales y elevar la mirada al futuro, teniendo en alto el interés general de los pueblos de ambas orillas, que dista un abismo del de los extremistas de Arroyo Verde.