Paysandú, Miércoles 28 de Abril de 2010

En la Policía

Eliminaron sanciones con arresto pero las sustituyeron por económicas

Policiales | 28 Abr El personal policial de Paysandú está, desde hace varios días, sujeto a las nuevas disposiciones del Ministerio del Interior relacionadas a la eliminación de la privación de la libertad como medida disciplinaria. La reivindicación fue obtenida por el Sindicato Policial, pero la secretaría de Estado sustituyó el anterior régimen por un nuevo sistema de sanciones pecuniarias, lo que generó malestar en algunos sectores de la institución policial.
La privación de la libertad como medida disciplinaria para los funcionarios policiales fue rechazada sistemáticamente por el gremio policial, cuyos dirigentes plantearon reiteradamente el tema en la órbita ministerial. Recientemente, tras meses de negociación, las autoridades ministeriales cedieron a los reclamos y decidieron dejar sin efecto un sistema que, a grandes rasgos, preveía dos modalidades de sanción: una simple, que obligaba al funcionario en falta a permanecer tres días en su seccional o en la repartición a la que estaba asignado, pero con la posibilidad de salir una hora durante el día y otra en la noche. La restante, conocida como “arresto a rigor”, conminaba al funcionario a permanecer 72 horas en su repartición, pero sin posibilidad de salidas transitorias. Ambas modalidades no incluían sanciones de tipo económico, por lo que todo se circunscribía a la detención provisoria.
Las nuevas disposiciones del Ministerio, recientemente comunicadas en una reunión a los oficiales encargados de las diferentes reparticiones, eliminan el arresto, pero lo sustituyen por un sanción pecuniaria. Ahora, cuando un funcionario (cualquiera sea su rango) incurre en una falta, no debe cumplir arresto, pero debe firmar un documento donde admite su omisión y luego se le descuentan tantos días de jornal como dure la sanción. La nueva modalidad, considerada un logro por el sindicato, es rechazada por algunos sectores de la policía, desde donde se considera que constituye un retroceso y expone al funcionario a gravosos descuentos.


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