Opinion | 23 Abr El gobierno recientemente instalado –aunque todavía está pendiente el recambio en varios organismos del Estado— está encarando la etapa de definiciones de algunos elementos básicos de su política, en lo que sin duda la piedra angular será el Presupuesto Quinquenal, el que como es norma constituye el instrumento por excelencia para la ejecución de las políticas que se delineen y darle contenido de realidad a los enunciados pre y post electorales.
En este contexto debe evaluarse que tras la celebración de un nuevo Consejo de Ministros, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, haya confirmado que las grandes prioridades del gobierno en los siguientes cinco años serán la vivienda, la educación y la seguridad, en tanto se prevé destinar el seis por ciento del Producto Bruto Interno para la incorporación de obras de infraestructura, con la participación de inversores privados.
Claro, una cosa es definir prioridades y otra muy distinta el habilitar mecanismos para hacerlas realidad, desde que no solo se trata de recursos –que por supuesto son un aspecto fundamental-- sino también de incorporar instrumentos y consensos para que puedan materializarse en programas de corto, mediano y largo plazo para no actuar con la discrecionalidad del momento y en forma errática.
Un área en la que el ejemplo salta a la vista es precisamente la educación, a la que el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez aumentó sustancialmente recursos que en realidad en su gran mayoría fueron destinados a atender reclamos salariales, pero sin a la vez exigir la contrapartida de mejorar la calidad y asumir compromisos que se tradujeran en una mayor eficacia del sistema.
Ergo, el esfuerzo que ha aportado la ciudadanía a través del pago de impuestos para inyectar dinero en este sector clave para el desarrollo se ha diluido sin resultados, y lo que es peor, la Ley de Educación aprobada en el período anterior, lejos de servir de instrumento para contribuir a cambiar esta realidad, solo ha otorgado poder a los gremios que, naturalmente, como es su leit motiv, van a defender sus intereses y no el interés general, que corresponde al sistema político y organismos técnicos de la enseñanza. Otra cosa es la construcción de viviendas, donde evidentemente se requiere habilitar programas de alcances disímiles, con prioridad para las construcciones de interés social, incluyendo la participación del propio ciudadano, pero sin descuidar otras posibilidades económicas y de disponibilidad de tiempo para el beneficiario, en cumplimiento de la premisa de que por más vueltas que se le dé, el déficit habitacional solo se suple con mayor cantidad de viviendas, lo que a la vez habilitará que descienda el precio de los alquileres, que tienen una gran distorsión en las casas de menor valor ante la imposibilidad de los sectores de menores ingresos de poder acceder por su cuenta al techo propio.
En el caso de las obras de infraestructura, el panorama es más complejo, desde que se necesitan definiciones políticas para acciones en el mediano y largo plazo, a partir de consensos políticos y en lo posible políticas de Estado para asegurar su continuidad en sucesivos períodos de gobierno. No es un tema menor, ni tampoco barato, por cuanto se requieren recursos públicos pero sobre todo en estrecha participación y conjunción con los actores privados, que son precisamente los que vuelcan inversiones y necesitan apoyo logístico para mejorar su competitividad, que resulta vital en un mundo globalizado en el que no se trata solo de los costos de producción, sino también de acceso a los lugares de destino.
Astori, al hacer mención al tema, dijo que la masa salarial de los funcionarios públicos representa nada menos que las dos terceras partes del presupuesto, pero a la vez adelantó que sectores como la salud y la educación seguirán recibiendo aumentos salariales considerables, lo que da la pauta de que existen severos condicionamientos que se imponen, sin alternativa, a los sectores reales de la economía, es decir los privados que conforman la base de la producción de bienes y servicios y crean empleos genuinos. Estos anuncios no pueden ser de ninguna manera tranquilizadores para el ciudadano común y los empresarios, ya afectados por una pesada tributación, porque lo que se está necesitando imperiosamente es la contraparte de sacrificio del Estado, que debe reducir el gasto público y mejorar la eficacia del gasto de cada peso que recauda, en lugar de seguir transfiriendo fardo tras fardo a quienes crean la riqueza.