Opinion | 24 Abr Con el Plan Impacto todavía sin definir por el Poder Ejecutivo, pese a que al actual presidente anunció que en quince días, tras asumir, comenzaría la construcción de viviendas para los sectores de menores ingresos, nos encontramos con que el nuevo gobierno ha ingresado en esta problemática con algunas ideas y buena voluntad, pero sin haber analizado bien todavía el qué y el cómo, es decir con objetivos establecidos y mecanismos diseñados para alcanzarlos en determinado plazo.
Así, nos encontramos con que luego de haberse anunciado la construcción masiva, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente consideró que la prioridad iba a dirigirse a mejorar y terminar viviendas construidas en forma precaria, incluyendo asentamientos, lo que no significaría por lo tanto incorporar nuevas unidades habitacionales.
Igualmente, tras esta rectificación, el Poder Ejecutivo ha decidido que es fundamental atacar el meollo del problema, es decir el déficit habitacional, lo cual puede encararse por varias vías paralelas, dependiendo ello del segmento de destinatarios de los planes y los recursos que se habiliten con este fin.
Una posibilidad es dotar de más recursos al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, que tiene la virtud de abaratar el costo final de la vivienda y a la vez incorporar mano de obra de los propios interesados, sin desmerecer la calidad de la solución habitacional. Los obstáculos en este caso refieren a la sensible dificultad para el acceso a terrenos, y por otro lado existe una historia de conflictos entre el movimiento cooperativo y el gobierno de turno, incluyendo el de Tabaré Vaáquez, por deudas y reajustes pendientes, lo que podría ser una dificultad si se espera el retorno de recursos para reciclarlos en nuevos planes.
La otra alternativa es también contar con promotores privados para acelerar los procesos de construcción y por ende las respuestas al déficit, lo que tiene sus pro y sus contra, si a la vez no existe una adecuada vigilancia y supervisión del Estado sobre la calidad de las construcciones, en lo que hay experiencias negativas a lo ancho y largo del país.
Otra posibilidad refiere asimismo a la acción directa del Estado, con ejecución a través de empresas privadas, donde es fundamental contar asimismo con un seguimiento responsable de los organismos estatales, y naturalmente, con recursos suficientes para financiar los proyectos, sin descuidar otras posibles vías e instrumentos que podrían proveerse por el nuevo gobierno. Este es precisamente el punto pendiente y factor limitante en la actual coyuntura, desde que si realmente se apunta a reducir la brecha entre la oferta y la demanda de viviendas de interés social, realmente es preciso un “plan impacto” y no seguir corriendo de atrás el problema, como ha ocurrido todos estos años, lamentablemente.
Un dato altamente ilustrativo de este déficit lo tenemos en la evolución del valor de los alquileres, que refleja la distorsión en el mercado de la vivienda, por cuanto los contratos de alquiler celebrados en febrero aumentaron 12,7 por ciento su precio respecto a los de igual mes del año anterior, es decir que prácticamente han duplicado la inflación del año y por lo tanto quedando aún más lejos de las posibilidades de los sectores de menores ingresos.
En todos los casos, una mayor oferta de viviendas de interés social resultará ampliamente beneficiosa para el país, al tender al equilibrio entre la oferta y la demanda y ajustarse más a las posibilidades económicas del promedio de la población que no encuentra arrendamientos a la medida de sus necesidades, y mucho menos aún casas para la compra, por supuesto.
Y en este contexto debe evaluarse como un aporte posible a tener en cuenta la perspectiva que analiza el gobierno en cuanto a diseñar un Fondo de Garantía para las empresas de la construcción, que permita aumentar la oferta de soluciones habitacionales. En este tema están trabajando la Agencia Nacional de Vivienda y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con la posibilidad de incorporar exoneraciones fiscales para las nuevas construcciones, las que podrían otorgarse por zonas, por precio o por una combinación de ambos parámetros. En este caso se podría contar con un fondo del orden de los diez millones de dólares, lo que aparece como un monto modesto medido en viviendas, pero que se agregaría a lo que se establezca en el plan quinquenal para el “Plan Impacto”, a través de modalidades diferentes y que es de esperar realmente contribuya a revertir el creciente déficit habitacional, que hasta ahora había sido abordado solo verbalmente por la Administración Vázquez, durante la cual la brecha creció significativamente.