Nadie es perfecto

Locales | 25 Abr (Por Enrique Julio Sánchez, desde Estados Unidos) José Medina es un mexicano que llegó con su familia a Estados Unidos cuando tenia solo dos años. Siendo adolescente logró solucionar su situación legal y hoy reporta en el ejército estadounidense. Vive desde pequeño en Arizona. Cuando viste el uniforme militar no tiene problema alguno, pero cuando se lo quita puede ser detenido por la policía sin otro motivo que “parecer” indocumentado. Como él, por lo menos medio millón de personas viven ahora amenazadas con ser perseguidas por una cuestión de piel, por parecer indocumentados.
El viernes la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aprobó una ley anti inmigrante xenófoba, que no reconoce los derechos humanos y que legaliza la persecución de los latinoamericanos.
La ley da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben su residencia legal. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 dólares y, eventualmente, expulsado del país.
Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, la policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona en cuestión fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes solo pueden probar la legalidad de su situación con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulación.
La ley fue inmediatamente rechazada por la comunidad latinoamericana en pleno, dando comienzo a una campaña nacional de repudio, al tiempo que se preparan diversas querellas para ser llevadas ante los tribunales, para impedir por la vía de la Justicia que la ley pueda ser aplicada.
El propio presidente Obama, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca ante la actuación de los gobiernos estatales, dijo que la ley como tal constituye “una irresponsabilidad” sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. “Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como estadounidenses”, agregó.
El Gobierno de México y la Iglesia Católica también expresaron preocupación, y el cardenal Roger Mahony de Los Angeles la comparó con las del nazismo. Por su parte, la gobernadora Brewer ha justificado la ley “por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras”, misma idea que defiende el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.
No hay dudas que Arizona, como estado fronterizo con México, vive una situación difícil ante el ingreso masivo de latinoamericanos, fundamentalmente mexicanos, que cruzan de manera ilegal.
No obstante, no puede decirse que Arizona es golpeado por esa inmigración, desde que muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles. Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.
Ahora bien, esta ley que literalmente convierte en delincuentes a los indocumentados y que habilita la persecución racial por la policía, probablemente perjudique especialmente al propio estado de Arizona y a su población no hispana. Porque, por un lado, la presión de la comunidad hispana y de muy diversas organizaciones, seguramente acelerará el proceso en el Congreso para un rápido tratamiento y aprobación de la esperada y demandada reforma inmigratoria, que permita precisamente solucionar el estatus legal de más de 12 millones de latinoamericanos que no han logrado conseguir sus documentos legales, pues la actual legislacion se los impide. Esto seguramente abolirá rapidamente esta ley por el peso de otra de corte federal.
Asimismo, lo que ya se aprecia, los jornaleros latinoamericanos prácticamente han desa-parecido de los lugares donde se concentraban para conseguir trabajo por el temor a las redadas. Esto, directamente, pondrá en peligro la agricultura estatal, que necesita de estos trabajadores, especialmente ahora, cuando se aproxima el verano. Pero más allá de eso, hay un aspecto que es el que realmente preocupa, y es lo que piensa la comunidad conservadora gringa, no solamente en Arizona, sino en toda la nación.
Hay claramente un concepto anti inmigrante, especialmente referido a la comunidad latina, que si bien muchas veces no llega a la superficie, no se lo expresa abiertamente, esta ahí. Hay discriminación contra los latinoamericanos, lo que se aprecia en el salario que se les paga y en los trabajos a los que accedemos, por ejemplo. Ser inmigrante al que no se le han entregado documentos legales no es un delito, excepto en Arizona. A los gringos se les ha inculcado durante años que es algo ilegal (debido a un mal uso del término en inglés), pero sin la presencia y el esfuerzo inmigrante, esta nación viviría una crisis laboral de dimensiones apocalípticas.
La justicia llegará. El Departamento de Justicia claramente ha expresado que en los estados donde hay más inmigrantes latinoamericanos los indices de criminalidad son menores. Esto indica el verdadero interés de los inmigrantes que llegamos a esta nación, con o sin documentos. Aunque hoy el cielo aparece cubierto de nubes, detrás de ellas está el Sol. Que brille el Sol.
En tanto, continúa la cuenta regresiva, sin contratiempos. Faltan 120 días y contando. Aunque esa, esa es otra historia.