Opinion | 28 Abr Como tema pendiente dentro de las prioridades de la presente administración de gobierno figura sin dudas el apuntar a reformas estructurales en el sistema de previsión social, con el objetivo de adecuarlo a una realidad en la que al componente de envejecimiento poblacional se suma la posibilidad de extender el período activo de los futuros pasivos ante una mejor calidad de vida del adulto mayor.
Aunque por ahora no hay grandes sobresaltos, es indudable que nuestro sistema provisional tiene serias dificultades para su viabilidad dentro de un plazo por ahora imprevisible, pero que se puede medir en décadas, desde que la conjunción de mayor expectativa de vida y la relación activo-pasivo, aunque ha mejorado en los últimos años, dista de ser la ideal y solo augura problemas en el monto de las jubilaciones y pasividades de los futuros pasivos, de no abordarse reestructuras que permitan mejorar este perfil.
Y esta visión poco halagueña se da pese a la reforma provisional encarada en 1995, que creó las administradoras de ahorros previsionales AFAP, y que permite al trabajador volcar fondos a sus propias cuentas para establecer un fondo propio que le permitirá generar el capital y los intereses a efectos de obtener una prestación que le asegure una vida más o menos decorosa.
El sistema vigente hasta entonces, de solidaridad intergeneracional, en teoría permitía contemplar a personas que nunca habían aportado o completado sus aportes y dio lugar a manejos políticos voluntaristas que fueron deteriorando la situación financiera del Banco de Previsión Social, con alto riesgo de colapsar en el mediano plazo por la conjunción de factores negativos.
Es evidente que no se ha llegado a una solución ideal ni mucho menos, como lo pone de relieve el promedio de las prestaciones que se pagan, pero igualmente la mejora del pronóstico se debe sobre todo a la reforma de 1995, que no fue fácil de instrumentar y que a la vez en sustancia introdujo exigencias más severas para los futuros pasivos. Pero debe tenerse presente que de no haberse dispuesto la reforma, el sistema se encaminaba inevitablemente hacia una crisis de imprevisibles consecuencias.
A partir de esta reforma, en nuestro país rige un sistema mixto, en el que una parte es de prestación definida y otra de cotización, en tanto el desfasaje entre los ingresos y las erogaciones tiene que ver con el sistema de solidaridad intergeneracional, por el cual los activos de hoy pagan con sus aportes las jubilaciones y pensiones de quienes terminaron su vida activa y que a la vez en su momento habían pagado las pasividades de quienes les precedieron.
Ello quiere decir que estamos ante un retraso de décadas en recursos, con una dependencia directa de la situación económico financiera del BPS a como evolucione la relación activo-pasivo. En cambio, en el caso de las AFAP, cada trabajador aporta a su cuenta personal, y depende de sí mismo, en tanto sabe que está depositando dinero en una cuenta de ahorro con nombre propio y destino definido.
Igualmente, estamos en un sistema mixto que pretende conciliar ambas administraciones provisionales, lo que implica a la vez que para encarar modificaciones al sistema deben dejarse de lado visiones ideológicas basadas en pura teoría, y que se dan de bruces contra la dura realidad a la hora de encontrar recursos.
No puede dejarse de lado tampoco que además de una mayor expectativa de vida, también se extiende el posible período de actividad, e incluso en esferas de gobierno se está evaluando la posibilidad de que el pasivo pueda desarrollar trabajos remunerados pese a su condición de retirado, como forma de complementar ingresos, lo que ahora está prohibido.
En la realidad en muchos casos se elude esta norma, pero siempre ante la amenaza de ser detectado en infracción, y además estamos ante un planteo que tiene sus pro y sus contra, si se tiene en cuenta que también se estaría frenando las posibilidades de jóvenes que tienen la aspiración de integrarse a la masa laboral. Es decir que estaríamos ante un conflicto de intereses y prioridades cuando los recursos no alcanzan para atender todas las realidades, y ello da la pauta de que es preciso que todo el sistema político se disponga cuanto antes al análisis desapasionado del tema, sin preconceptos y sin visiones cortoplacistas, por lo menos por esta vez, ante la importancia del tema.