Opinion | 28 Abr Tras el fallo de La Haya, los ambientalistas de Gualeguaychú manifestaron su disconformidad y aseguran que mantendrán el corte en arroyo Verde, que impide el tránsito por el puente Fray Bentos-Puerto Unzué. Esto genera una gran incertidumbre sobre el futuro del paso binacional, que aunque permanece cerrado al tránsito aún es utilizado por al menos unas cien personas por día, privilegiados con un pase libre que emite el grupo de piqueteros según su parecer y simpatía. Ahora con el respaldo tácito del fallo a favor de la continuidad de la planta de celulosa de Botnia-UPM, nuestro país está negociando con Argentina la posibilidad de liberar el paso, pero todo indica que será difícil doblegar la sinrazón de los piqueteros que no aceptan otra cosa a cambio que desmantelar la industria.
Por lo tanto desde hace casi cuatro años y quién sabe por cuánto tiempo más, el puente General San Martín se ha constituido en una carretera fantasma, técnicamente abierta al tránsito pero en realidad solo habilitada para una ínfima minoría de ciudadanos argentinos y algún uruguayo. Si Uruguay determinara oficialmente el cierre del mismo entraría en una falta grosera por considerarse que unilateralmente nuestro país inhabilita un paso de fronteras con un país con el que formalmente mantiene buenas relaciones. Esto es así porque el argumento del gobierno argentino con respecto al piquete de Gualeguaychú es que el corte no está en el puente, sino en una carretera nacional interna que, aunque sea el único acceso al tendido binacional, en teoría no impide la circulación internacional. Además, el piquete lo hacen los ciudadanos de Gualeguaychú, no el Estado, por lo que considera que oficialmente no hay impedimentos para cruzar.
Pero ahora que las relaciones entre Uruguay y Argentina tienden a normalizarse, habría que encontrar la manera de blanquear esta situación absurda, si es que resulta imposible sacarse de encima a los piqueteros. Por ejemplo, de común acuerdo podría acordarse el cierre oficial del puente y así destinar los recursos que insume el paso de Fray Bentos para mantenerse operativo en otros lugares donde se precisen, como en el puente General Artigas.
El ahorro no sería menor, por cuanto sólo la CARU destina más de 50 funcionarios a Fray Bentos a los que paga jugosos salarios, además de aduaneros y personal de Migraciones ocioso que tanta falta hacen en Paysandú. De esta forma no se estaría violando ningún tratado internacional, los piqueteros de Gualeguaychú quedarían conformes con “su” puente y se optimizarían recursos económicos y humanos de ambos países, mejorando al mismo tiempo la situación en los demás pasos de frontera.